[Foto: CundiTV]
[8 jul 2016]
Tras denuncias de las comunidades, la Defensoría del Pueblo realizó visitas de verificación a los municipios de Soacha, Sibaté y Choachí, y constató graves afectaciones a ecosistemas estratégicos, déficit en las fuentes de agua, incumplimientos en la aplicación de los planes de manejo ambiental, cambios en la vocación de los suelos, daños en la infraestructura habitacional y ruptura del tejido social, a causa de la explotación minera que afecta al departamento de Cundinamarca.
La información recopilada confirma que "Cundinamarca cuenta con 1.013 títulos mineros vigentes, 1.062 solicitudes de contrato de concesión y casi 270 solicitudes de legalización", lo que permitiría concluir que el departamento contará con un total de 2.344 títulos en una extensión aproximada de 912.846 hectáreas y con vigencia de hasta treinta años. Según la Agencia Nacional Minera, "los municipios cundinamarqueses con más títulos mineros son Nemocón con 96, Soacha con 60 y Lenguazaque con 55, mientras que los de menos son Yacopí con 50, Guaduas con 45 y Ubalá con 40.
En veredas como [San Jorge], El Peñón y San Miguel, la actividad minera se realiza a los 3.250 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas ambientalmente estratégicos, y que deberían tener mayor protección por sus características de páramo, como ocurre en la zona rural de Choachí, en la que la minería se lleva a cabo en inmediaciones del páramo de Cruz Verde y el Parque Nacional Natural del Sumapaz.
Para la Defensoría del Pueblo son impactantes las cifras y problemáticas identificadas, y mucho más cuando la minería ocurre en el marco de la ausencia institucional para realizar controles estrictos que permitan, entre otras, reparar las áreas ya intervenidas y a las comunidades por los efectos devastadores que las han perjudicado.
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