Foto: Razón
[Jhon León, Corporación Solidaridad Jurídica]
En el año 2010 las organizaciones acompañantes y los propios prisioneros políticos entregaron un documento en el que se estimaba la existencia de 7.500 prisioneros por motivos políticos. Según un informe de la Fundación para la Solidaridad y la Defensa, para el 2015 este número habría crecido a los 10 mil.
Sin embargo, realizar un censo sobre la población carcelaria en Colombia, identificando particularmente a prisioneros y prisioneras políticas es una tarea ardua -según las organizaciones de Derechos Humanos- en razón del desconocimiento y la negación que hay por parte del Estado colombiano de la existencia de este grupo poblacional en los centros penitenciarios.
En términos porcentuales, la mayor parte de las personas judicializadas, procesadas y condenadas por el delito de Rebelión corresponden a líderes y lideresas sociales, principalmente activistas agrarios, estudiantes, y miembros del movimiento social y popular en general que están en las cárceles por discernir del régimen político colombiano.
Le sigue el grupo de personas que habitaba en zonas de conflicto, y que fueron, o son judicializadas por "colaborar con estructuras armadas", ser presuntos financiadores, logísticos, entre otros; y finalmente el grupo lo completan alrededor de 3.500 prisioneras y prisioneros de guerra, que hacen parte de estructuras armadas insurgentes, como las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL.
Esta particular composición es resultado de la Sentencia C-456 de 1996 de la Corte Constitucional, que desnaturalizó y desapareció en la práctica el delito político, al punto de que sea imposible en Colombia argumentar ante los tribunales que las conductas de los imputados corresponden lógicas ideológicas.
Para el Movimiento Nacional Carcelario y las organizaciones de Derechos Humanos acompañantes, la realidad colombiana de las prisiones refleja la ausencia de una serie de garantías reales para el ejercicio de la oposición política, y la desigualdad en términos de oportunidades para la gran mayoría de hombres y mujeres que se encuentran en centros penitenciarios del país, motivo por el cual, este tema debería hacer parte de la agenda para la paz tanto en la Mesa de Diálogos de La Habana como de la sociedad colombiana en general.
La Corporación Solidaridad Jurídica señala que las experiencias de paz a nivel internacional han demostrado que para que conflictos armados internos llegaran a buen termino, fue necesario pasar por procesos de amnistía que dieran libertad a las y los prisioneros políticos.
El Movimiento Nacional Carcelario y las organizaciones de Derechos Humanos que acompañan a los prisioneros políticos en Colombia buscan darse cita en el II Encuentro Nacional e Internacional de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, del 20 al 22 de marzo en el Centro de Memoria Histórica, para desarrollar escenarios de construcción de opinión, propuestas de coordinación y acción que aporten a la construcción de la paz con justicia social desde y para la población carcelaria en Colombia.