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Entrevista con [Pedro José Arenas], Coordinador observatorio de cultivos de uso ilícito Guaviare:
El uso de la planta de la coca ha sido la generalidad en los pueblos originarios de la cordillera Andina, así como en otros de la Amazonía, por tanto su uso medicinal y terapéutico está avalado por cientos de años de historia.
Es cuando comienza ha procesarse y extraer la pasta de coca base cuando comienza a denominarse el cultivo de coca como cultivo de uso ilícito.
De tal manera y siguiendo las directrices de Naciones Unidas se convierte en un cultivo ilegal de masiva producción en países como Colombia, en regiones como Putumayo, Guaviare o Cauca.
A partir de los años 70 es cuando comienza la bonanza de la venta de la pasta base de la coca, pero también es cuando se inicia la lucha en contra de su cultivo y la guerra por el control del negocio.
A partir de los años 90 el Estado Colombiano comienza a usar el plaguicida conocido como el Glifosato, comercializado por la multinacional Estadounidense Monsanto como estrategia para erradicar el cultivo de uso ilícito.
De tal forma al fumigar las plantaciones se destruye el cultivo cortando así con la fuente de financiación de la insurgencia. Estableciéndose así una estrategia contrainsurgente
Pero para Pedro José Arenas, coordinador del Observatorio para cultivos ilícitos del departamento del Guaviare, la cuestión de fondo es más complicada, ya que las fumigaciones no han terminado con el cultivo, pero sí han traído todo tipo de problemáticas para la salud de las comunidades afectadas.
Según Arenas, las fumigaciones han sido una estrategia para controlar los precios del mercado de la pasta de coca, ya que al cultivarse en grandes cantidades el precio baja, con las fumigaciones se controla la cantidad de cultivos y así la producción.
Este no es el único fin de las fumigaciones, según Arenas, el Estado también las ha utilizado para afectar los cultivos lícitos de las regiones donde se cultiva la hoja de coca, afectando gravemente a la salud de sus moradores, desplazándolos así de su territorio, para luego poder utilizar los territorios para el extractivismo o cultivos como la Palma africana, destruyendo el modo de vida del campesinado.
Además ha sido la excusa perfecta para militarizar las regiones y ejercer un férreo control sobre las poblaciones.
Ahora la Organización Mundial de la Salud ha emitido un informe donde confirma que el uso del Glifosato es cancerígeno. El gobierno Colombiano ha sido el último en el mundo en utilizarlo. Cientos de personas han sido afectadas por sus consecuencias como abortos brotes epidérmicos o cáncer.
El gobierno de Santos ha tenido que rectificar y prohibir su uso en todo el país, ante el informe y la presión de las organizaciones sociales de defensa del campesinado y de los DDHH.
Ahora y en medio de los Diálogos de La Habana entre insurgencia y gobierno, queda en el futuro la incertidumbre del problema del cultivo de la coca, la amapola y la marihuana. El gobierno no tiene ninguna solución y tampoco escucha las propuestas de las comunidades afectadas. Todo sucede en un mundo donde productores y consumidores sufren de un negocio controlado por mafias y grupos de presión a nivel mundial.