Foto: AFP
[22 Abr 2017]
La mutinacional Monsato fue encontrada culpable del delito de ecocidio, es decir, de la matanza de la naturaleza de manera masiva, afectando a su vez los derechos humanos de las comunidades. Así lo estableció El Tribunal Internacional Monsanto, cuyo juicio fue realizado por la sociedad civil en La Haya, con el cual se busca que la Corte Penal Internacional incorpore a las 4 materias que ya juzga la de 'ecocidio'.
Entre el 15 y el 16 de octubre se presentaron ante el Tribunal cerca de 30 testimonios que demostraron cómo las personas son víctimas del modelo de agricultura intensiva impuesto por la multinacional de semillas y agrotóxicos. De ellos se dedujo que Monsanto es culpable de las afectaciones producidas a las personas como la provocación de abortos, malformaciones congénitas y aumento de casos de cáncer, además de la contaminación del aire, el agua y la tierra.
¿Qué implicaciones tiene el fallo?
Aunque la decisión se toma buscando únicamente una opinión consultiva, una entrevista que realizó el portal Página 12 a una de las jueces, como lo es la jurista Eleonora Lamm, de Argentina, explica que si bien, no se tiene validez legal al ser un tribunal extraordinario, las pruebas recogidas pueden ser claves para promover procesos penales contra Monsanto en cada país.
“Las aseveraciones del Tribunal pueden utilizarse en los juicios de cada país, las pruebas sientan un precedente porque están jurídica y científicamente probadas”, dice la jurista, quien agrega que “Este tribunal es producto de una iniciativa popular y como tal la opinión consultiva está en manos de la sociedad; ahora depende de todos apropiársela, difundirla”.
Por su parte, para el Damián Verzeñassi, médico y uno de los testigos del juicio que ha documentado los efectos nocivos en las poblaciones donde es usado el glifosato, o que viven cerca a los monocultivos de soja transgénica, señala que “Desde el punto de vista jurídico, es un paso muy importante. Una vez hecho este reconocimiento el tribunal hizo algo que no previmos: sugerir con fuerza que se modifique el Estatuto de Roma para que las corporaciones puedan empezar a ser juzgadas por delitos de lesa humanidad. Hasta el día de hoy, la Corte Penal de La Haya solo puede juzgar a personas físicas o los Estados". El médico afirma que lo más importante es que esta decisión, que no obliga a Monsanto a cumplir ninguna sanción, si genera una condena social muy importante.
Pero además este juicio abre la posibilidad de que haya juicios más integrales, es decir que no solo se juzgue a la empresa sino a los gobiernos, pues de acuerdo con la jueza senegalesa Dior Fall Sow, los Gobiernos que permiten el uso de los productos de la empresa son "cómplices del delito de ecocidio”. Sobre todo si los países han hecho parte de la firma de tratados internacionales en los que se comprometen a garantizar la vida de los ecosistemas y la salud de las poblaciones.
Este juicio contra Monsanto en el que se emulaban los mecanismos de la Corte Penal Internacional, estuvo conformado por 5 jueces de diferentes países: además de la jurista argentina Eleonora Lamm y la senegalesa Dior Fall Sow, consultora de la Corte Penal Internacional; también estaba el mexicano Jorge Fernández Souza, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de México; el canadiense Steven Shrybman; y la belga Françoise Tulkens, ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, entre los testimonios hubo médicos, científicos y víctimas de los productos producidos por Monsanto.
Por su parte, la multinacional reaccionó a través de su página web, alegando que "El acto original lo llevaron a cabo un grupo de personas contrarias a la tecnología agrícola y críticas con Monsanto que hacían a la vez de organizadores, juez y jurado. Se rechazaron pruebas científicas existentes y antecedentes judiciales relativos a varias cuestiones. Se trataba de un acto cuyo veredicto estaba predeterminado".