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[07 Jun. 2017]
Los paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del ELN cometen graves abusos contra las comunidades indígenas y afrodescendientes del río San Juan en Chocó. Reclutamiento de menores, colocación de minas antipersonales, amenazas y asesinatos son algunas de las denuncias de la organización Human Rigth Watch en su más reciente informe sobre el Chocó.
“Mientras se disputan el control del río San Juan, el ELN y las AGC han desplazado a cientos de familias y han obligado a muchas otras a confinarse en sus comunidades restringiendo el acceso a sus medios de subsistencia” manifiesta en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Le puede interesar: Enfrentamientos entre paramilitares y ELN desplazan 300 familias en Chocó
Reclutamiento forzado
Los testimonios recogidos por Human Rights Watch a través del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), dan cuenta de por lo menos 30 niños que podrían haber sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados desde inicios de 2015.
“La pobreza, la falta de oportunidades económicas y el acceso limitado a servicios básicos en Litoral de San Juan, así como en otros municipios del Chocó, han creado un entorno propicio para que los grupos armados puedan reclutar miembros fácilmente, incluidos niños” reza el informe.
Violaciones y embarazos en menores de edad
En el informe también se da cuenta del aumento de embarazos en menores de edad, dicen las personas de la comunidad que las AGC estarían presionando a niñas de apenas 12 años para que sean sus parejas sexuales, de las cuales varias han quedado en estado de gestación.
“Una niña de 12 años dio a luz a la hija de un miembro de las AGC en marzo de 2016 y huyó con la niña recién nacida por temor al grupo”, contó un familiar al organismo. Le puede interesar:"Cerca de 650 paramilitares ejercen control territorial en Cacarica"
Para la Defensoría del Pueblo algunos de estos embarazos, tal y como lo relata la ONG internacional, son consecuencia de violaciones sexuales que no son denunciadas por las familias por temor a sufrir represalias. Además la legislación colombiana habla del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años con penas privativas de la libertad de hasta 20 años, es decir, no sería un embarazo forzoso.
Uso de minas antipersonal que restringen la libre movilidad
En varios testimonios entregados a la ONG se asegura que hay una grave situación por el uso de minas antipersona en el territorio “estamos aguantando hambre porque la gente armada está en el monte donde nosotros trabajamos. No podemos hacer el pan coger … hacer artesanía … levantar caña” dijo una mujer wounaan.
Para Human Rights Watch el uso de este tipo de artefactos “constituye una violación del derecho internacional” y una grave afectación al derecho a la vida de las comunidades, así como provoca el confinamiento de las comunidades y los obliga a desplazarse del territorio. Le puede interesar: "Con lista en mano paramilitares amenazan a pobladores de Cacarica"
Las cifras
De 15 mil personas que habitan en el Litoral San Juan, cerca de 3 mil habían sido desplazadas hasta finales de 2016. Mientras que, según la Defensoría del Pueblo, para los primeros meses de 2017 más de 1300 personas fueron desplazadas forzadamente de ese municipio.
Según el último censo, correspondiente a 2011, casi el 80% de la población de Chocó tiene necesidades básicas insatisfechas como vivienda, servicios públicos y acceso a educación. Más del 30% vive en condiciones de extrema pobreza.
Para el 2011 casi el 40% del Litoral de San Juan viven en condiciones de extrema pobreza, es decir casi cuatro veces mayor al promedio nacional. En la actualidad, luego del municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca, el Litoral San Juan es el segundo lugar de Colombia que tiene más desplazados forzados por cuenta de los paramilitares.
La paz una ilusión en medio de la militarización
Según José Miguel Vivanco, los esfuerzos que han hecho desde el Gobierno han sido insuficientes por lo que sería propicio recordarle la obligación que tiene de brindar asistencia adecuada a los desplazados, dado que estas situaciones pueden estar alejando cada vez más la paz de las comunidades y en general del país.
“A menos que las autoridades les brinden protección – a las comunidades -, la promesa de paz en Colombia seguirá siendo solamente una lejana ilusión para estas comunidades vulnerables del Chocó” recalcó Vivanco. Le puede interesar: Paramilitares obligan a comunidad a asistir a reunión en Cacarica, Chocó
A pesar de los anuncios en torno a aumento de efectivos de la Fuerza Pública en el departamento no se tienen resultados concretos en torno al combate de las estructuras paramilitares. Por el contrario, denuncias de varias organizaciones de DDHH, entre ellas la Comisión de Justicia y Paz, con presencia en el territorio, dan cuenta de situaciones de connivencia de paramilitares con militares.
Por último, el secretario de HRW para las Américas asegura que “si el ELN tiene un genuino compromiso con la paz, debe al menos respetar las normas más básicas de la guerra sobre protección a civiles” por lo que además les sugiere a los negociadores de Quito “examinar los abusos cometidos en Chocó”. Le puede interesar: Paramilitares obligan a comunidad a asistir a reunión en Cacarica, Chocó