[Foto: Tejido Territorial]
[06 Jul 2017]
430 familias que viven de la minería artesanal, serían desalojadas de sus hogares en Miraflores, Risaralda, debido a que, la Alcaldía del municipio emitió un diagnóstico de riesgo de deslizamiento para justificar el proceso de desalojo de la vereda para permitir que la empresa Miraflores Compañía Minera y filial de la Anglogold Ashanti realice la explotación de oro a gran escala en este lugar.
De acuerdo con Esau Mora, presidente de la Asociación de Mineros Tradicionales y Artesanales de Miraflores, el martes 4 de Julio, la Alcaldía presentó un diagnóstico de riesgo sin justificación técnica evidenciando su intención de hacer efectivo el desalojo del cerro próximamente, aludiendo a que las personas vivían en zona de riesgo, sin embargo, los campesinos señalaron que en realidad es para permitir la ejecución de un título minero a cargo de la Empresa Miraflores Compañía Minera, que tiene otros títulos en el territorio del municipio con la AngloGold Ashanti.
Aunque el alcalde aseguró que la explotación está aprobada hasta el 2018, le manifesto a los mineros que el uso que realizaban del mercurio afectaba al ambiente, sin embargo solo ay 270 mineros explotando en la cantera que produce 15 toneladas de oro al día. Con la explotación de la operadora la explotación será aún mayor y producirá un impacto ambiental más nocivo. (Le puede interesar:"Comunidades de Quinchía en Risaralda le dicen No a la megaminería")
“Si la multinacional entra a trabajar nos han hablado que van a sacar 1.400 toneladas al día” señaló Esau Mora y agregó que ya se han realizado perforaciones en el territorio, sin reconocer la tradición minera de las personas. (Le puede interesar:"77 familias Embera Karambá serían desplazadas por la Anglogold Ashanti")
En total serían 2900 personas las que saldrían afectadas de efectuarse el desalojo que tendría el objetivo expulsar a los habitantes del sector e impedir la explotación por parte de mineros tradicionales y artesanales. Frente a estos hechos la comunidad expresó que ya han activado todos los mecanismos con la Defensoría del Pueblo y esperan que se respeten sus derechos a la vivienda y el trabajo.