[Foto: La Prensa.hn]
[11 Nov 2017]
La organización Dipaz dio a conocer su más reciente informe titulado “Los claros oscuros del camino a la paz”, un documento que refleja las difíciles circunstancias por las que atraviesa la implementación de los Acuerdos de Paz, tanto en el Congreso de la República, como en los diferentes territorios del país en donde continúan las acciones violentas contra defensores de derechos humanos, líderes sociales e integrantes de las FARC.
El seguimiento normativo a la implementación de los Acuerdos
La organización en su informe devela un seguimiento normativo al trámite de los Acuerdos de paz, en el que evidencia que la oposición a la implementación de los mismos, y sobre todo a la Jurisdicción Especial para la Paz, se debe en mayor medida a la responsabilidad que deberán asumir terceros y la Fuerza Pública en las acciones bélicas cometidas durante la guerra y en ese mismo sentido su culpabilidad y la respectiva sanción.
Y en ese mismo sentido han existido modificaciones a los Acuerdos que ahora “limita o hace más oneroso al sistema transicional el llegar a probar que la acción de colaboración fue intencionada o consentida” situación que provoca múltiples interrogantes sobre los procesos para la comparecencia de terceros ante la JEP. (Le puede interesar: Las 5 jugadas de los congresistas para "hacer trizas el acuerdo de paz")
Una de las preocupaciones más grandes que expone el documento es que tampoco hay claridad frente a los procedimientos que tendrán las víctimas del conflicto armado para participar en los procesos contra terceros y la inexistencia de los mecanismo para que las víctimas den sus aportes al SIVJRNR.
Protocolos y veeduría humanitaria
El informe también recopiló información sobre cómo avanza la puesta en marcha de los protocoles que debían activarse con la implementación de los Acuerdos de Paz, para garantizar el tránsito de los integrantes de las FARC a la vida civil.
En este punto el informé señaló que si bien es cierto que quienes debían adecuar las zonas veredales presentaron muchos retrasos, se ha podido constatar un avance, las comunidades han ratificado que sus expectativas sobre adecuación de vías e inversión en servicios públicos sigue siendo insatisfecha. (Le puede interesar: Los cambios del Congreso a las circunscripciones de paz)
En ese sentido concluyen que no se han culminado las obras en las zonas veredales tránsitorias, no se han realizado las obras pactadas con las comunidades y hay cuestionamientos a las empresas contratistas por la calidad de las obras y las condiciones de trabajo de sus empleados.
Sobre los protocolos de seguridad para los integrantes de las FARC, el informé señaló que existen dificultades en la atención de presos trasladados en aspectos como salud, educación, bancarización y servicios públicos, una de las cifras alarmantes es que aún el 50% de los miembros de las FARC, continúan en las cárceles pese a cumplir con los requerimientos de la amnistía, además hay dificultades en la reincorporación de los excombatientes. De igual forma el documento corroboró que hay presencia de estructuras neoparamilitares y de otros grupos armados no identificados en cercanías a las zvtn.
Muestra de ello ha sido el asesinato de 32 integrantes de las FARC desde el proceso de la dejación de armas, y tan solo en lo corrido del año 2017, situación que refleja la falta de garantías para la vida y la reincorporación de estas personas a la sociedad.
¿Cómo construir un camino que transite a la paz?
El documento finalmente expone un conjunto de recomendaciones que dan luces a diferentes entidades estatales y al gobierno, para que se construya un camino que dé como resultado el tránsito hacia la paz.
En ese sentido le recomienda al Gobierno Nacional que genere forma más rápida para los procesos de capacitación y actualización normativa hacia los operadores jurídicos y de esta forma se otorguen las amnistías e indultos en tiempos más cortos. Además señaló la importancia de gestionar de forma más urgente los recursos para poner en marcha los diferentes acuerdos.
De igual forma le recomienda al Congreso de la República “ceñirse en todas sus actuaciones” a lo pactado en La Habana, respetando y procurando la centralidad de las víctimas, a través de debates propositivos y constructivos, que velen por alcanzar la paz en Colombia.