[Foto: Contagio Radio]
[28 Feb 2018]
En medio de las diferentes cifras frente a los asesinatos de líderes sociales que manejan las instituciones y organizaciones sociales, la conclusión en todos los casos es la misma: En 2017 hubo un incremento considerable frente a esos crímenes contra defensores y líderes de comunidades. De acuerdo con la cifra del programa 'Somos Defensores', durante el primer año de implementación del acuerdo de paz hubo un total de 106 asesinatos, mientras que en el 2016 se presentaron 80.
Así lo señala el más reciente informe "Piedra en el zapato", del Programa Somos Defensores en donde se señala que esa cifra de crímenes probablemente continuará en aumento al cierre del 2018, ante el panorama de incumplimiento del acuerdo de paz, la ausencia estatal y el vacío de democracia local en las zonas en las que tenían control las FARC, pero además, teniendo en cuenta que los líderes son considerados como “un estorbo” en los territorios para quienes tienen intereses de poder en los mismos.
De acuerdo con el informe, durante 2017 los departamentos más peligrosos para los líderes durante 2017 fueron Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Nariño. Allí, los líderes más afectados son los defensores relacionados procesos de defensa de la tierra y el territorio con enfoques étnicos y poblacionales (campesinos, indígenas, afrodescendientes, Juntas de Acción comunal de zonas rurales), y en precarias condiciones económicas.
Las disputas por la tierra y el territorio, los nuevos escenarios de participación política, los intereses de explotación minera o de otros recursos naturales, el tráfico de drogas, microtráfico, cultivos de uso ilícito y sustitución de los mismos, serían las principales luchas por las cuales se han cometido esos homicidios. Pero además, el informe indica que la protesta social es otro de los escenarios en los cuales se evidencian estos homicidios, teniendo en cuenta que se trata de una acción peligrosa para el liderazgo ya que se produjo la muerte de varios de estos líderes en esas situaciones.
Los avances en el esclarecimiento de los crímenes
Frente a los principales responsables sobre estos crímenes, cabe destacar que de los 106 asesinatos en 86 no se sabe quienes fueron, 9 se adjudican a grupos neoparamilitares, 5 a la Fuerza Pública, 3 a la guerrilla del ELN, 2 al EPL y uno a las disidencias de las FARC.
Desde Somos Defensores, se resalta el trabajo de la Fiscalía General de la Nación que, mediante la “Estrategia de Investigación y Judicialización de homicidios contra defensores de DD.HH", ha logrado niveles históricos en el esclarecimiento de los homicidios contra defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales. Entre 2016 y el 09 de febrero de 2018 se ha obtenido los siguientes resultados:
- De un total de 253 casos reportados por 4 fuentes de información 29 se ha logrado el esclarecimiento 30 de 99 que corresponden al 39.13%.
- De los 99 casos que cuentan con esclarecimiento 10 tienen sentencias
condenatorias en la jurisdicción ordinaria, 4 en la jurisdicción especial indígena, 44 se encuentran en juicio, 25 en etapa de investigación, 15 en indagación con orden de captura vigente y un caso fue archivado por conducta atípica.
Se mantiene los altos índices de impunidad
No obstante, se afirma que "la impunidad sigue reinando", dice el documento. Según concluyen el avance de los casos es mínimo hasta 2016 y los niveles de impunidad bordean el 90%. La mayoría de los casos se encuentran en indagación preliminar incluso 8 años después de que han ocurrido las muertes lo que imposibilita materialmente avanzar el proceso ya que en esta etapa es cuando se recaban pruebas en el lugar de los hechos y se entrevistan a testigos, tarea difícil de lograr años después del asesinato.
Ante ese panorama Somos Defensores hace un llamado a que el gobierno tenga en cuenta que existen factores comunes en los asesinatos y por tanto es necesario que se reconozca que en el país hay una violencia que tiene motivaciones estructurales que a su vez requiere de medidas igualmente estructurales para salvaguardar la vida de los líderes y defensores derechos humanos.
