[Foto: Archivo]
[18 Abr 2018]
Luego de que la Fiscalía General de la Nación citara a indagatoria a siete militares en retiro por hechos de tortura cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, la defensa de las víctimas espera que no haya más dilaciones en el proceso y que la justicia actué de la forma adecuada.
De acuerdo con Eduardo Carreño, abogado de las víctimas del Palacio de Justicia e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por casos de tortura, específicamente en los hechos cometidos contra Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson. De esa investigación “se determinó que por lo menos 11 personas se han atrevido a denunciar y planear como fueron torturados por miembros del Ejército o la Policía”.
Por esto, “la Fiscalía delegada ante la Corte citó a indagatoria desde el 2015 a 14 militares de los cuales 7 ya han rendido su respectiva diligencia de descargos”. De esos militares están pendientes 7 que son Ferney Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Fernando Blanco Gómez, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, Justo Eliseo Peña Sánchez, Siervo Antonio Buitrago Téllez y Antonio Rubay Jiménez Gómez.
Hay pruebas para imponer medida de aseguramiento a militares
Carreño indicó que hay pruebas de que estas personas participaron “en este tipo de tratamiento a las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia”. Afirmó que cuando se terminen las diligencias que se esperan sean realizadas en Junio, “el proceso entra a calificar su situación jurídica, es decir, si se les impone la medida de aseguramiento o no”. (Le puede interesar:"¿Quién responde por las entregas equivocadas del Palacio de Justicia?")
Ante esto, la defensa argumentó que “existen pruebas suficientes para demostrar estos hechos que deben ser cobijados con medidas de detención”. Sin embargo, recordó que la pena que estaba asignada para este delito “es de máximo 3 años, es decir que no había privación de la libertad”. Recordó que es importante que se dicte la medida “porque lo delitos se cometieron”.
33 años después aún hay impunidad sobre hechos del Palacio de Justicia
Estas diligencias ocurren 33 años después de los hechos en acciones que los abogados denominan como una dilación en el proceso y porque hubo una petición de los representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana. Por esto, “hasta ahora se abre el proceso, o si no, no lo abren, aquí la administración de justicia no hace nada”.
Finalmente, el abogado afirmó que “son contadas” las víctimas del Palacio de Justicia que han recibido tratamientos psicológicos y acompañamiento por parte del Estado. Recalcó que las víctimas han tenido que realizar estos tratamientos por su parte y aún así, se han atrevido a denunciar los hechos de tortura a los que fueron sometidos.