[Foto: Contagio Radio]
[12 Jun. 2017]
El pasado 9 de Junio paramilitares amenazaron a Nelson Javier Restrepo Arango, integrante del Partido Comunista, y quien, desde el exilio, ha venido trabajando y exigiendo el derecho a la vida de las personas, tanto en el exilio como en Colombia. El panfleto llegó a su lugar de residencia en España y en este, las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC - lo declaran objetivo militar.
Según la denuncia, el comunicado firmado por las AUC también señala a otras víctimas de crímenes de Estado y se afirma que todos los comunistas “deben morir a golpes”, lo cual sería una clara amenaza a quienes desde fuera de Colombia luchan por su derecho a regresar en condiciones de seguridad y dignidad, pero también a personas que hacen eco de las exigencias de las víctimas y las organizaciones en Colombia. Le puede interesar: Le puede interesar: "Víctimas de Crímenes de Estado piden que se desclasifiquen archivos de inteligencia"
Adicionalmente, denuncian que tanto el círculo de familiares de Restrepo, como él mismo, desde el mes de Abril han estado recibiendo mensajes intimidatorios que llegan a su perfil personal en redes sociales, o con llamadas intimidantes a integrantes de la familia, quienes no cuentan con medidas de protección que puedan garantizar el libre ejercicio de sus derechos.
Para los integrantes del partido Comunista esta amenaza también tiene el antecedente de la llamada “Operación Europa” como se le conoció a las actividades de seguimientos a defensores de DD.HH. en ese continente y que habría sido organizada en el gobierno de Álvaro Uribe a través del extinto Departamento de Seguridad, DAS.
Aunque hay varias personas vinculadas a ese proceso, se desconocen los avances en la investigación y también las razones por las cuales se realizaron las actividades ilegales. Le puede interesar:¡Las víctimas de crímenes de Estado tenemos derecho a ser escuchadas!
Según el comunicado, para prevenir hechos lamentables es necesario que las autoridades competentes en España y en Colombia investiguen la procedencia de estas amenazas, se judicialice a los responsables y se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas en el exilio.
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