Foto: CIDH
[22 Oct 2015]
Durante el periodo 156 de audiencias de la CIDH, organizaciones como la Corporación Humanas y Casa de la Mujer fueron las peticionarias para hablar sobre la atención a las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia. Allí, las abogadas representantes aseveraron que esta práctica es constante, habitual y extendida no sólo en escenarios de confrontación armada, afectando principalmente a niñas entre los 10 y 14 años de edad, sino también, en otros contextos rurales y urbanos.
De acuerdo con estudios adelantados por estas organizaciones, el 82% de las mujeres víctimas no denuncian, y quienes lo hacen deben someterse a procesos judiciales de más de 15 años en los que la inoperancia del sistema judicial colombiano las revictimiza, teniendo en cuenta que el 23% de los funcionarios públicos considera que las mujeres son las principales responsables en la violación de sus derechos, lo que provoca cerca de 98% de impunidad.
Entre 2012 y 2014 se registraron un total de 51.000 mujeres víctimas de violencia sexual de las que el 40% no recibió atención en salud y el porcentaje restante no fue atendido oportunamente ni con niveles de calidad.
Estas organizaciones aseguran que la actual atención en salud para estas víctimas perpetúa estereotipos de género, asociados a la orientación sexual o a la pertenencia étnica, siendo las mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas y transexuales, las principales afectadas tanto por la vulneración de sus derechos sexuales como por la baja calidad de la atención en salud.
Entre los principales victimarios se ubican paramilitares e integrantes de la fuerza pública, y con un más bajo porcentaje los guerrilleros, quienes han confesado la comisión de este delito.
Pese a que se reconocen los avances del sistema jurídico colombiano en esta materia, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres denuncian el gran déficit en la sanción de violaciones cometidas por integrantes de las Fuerzas Militares, así como la impunidad subyacente en el proceso de Justicia y Paz, ya que sólo 19 de las 33 sentencias contra paramilitares se refieren a violencia sexual.
El registro de mujeres víctimas desde 1985 hasta el presente arroja un total de 12 mil víctimas, estas corporaciones denuncian un amplio nivel de subregistro, principalmente por que la mayor parte de las víctimas no denuncia los casos.
Ante la falta de garantías de justicia, verdad y reparación por parte del Estado colombiano, tanto la Corporación Humanas como Casa de la Mujer, han articulado un plan de “5 claves” que han enviado a La Habana y presentaron ante la CIDH. A través de este, insisten en que la violencia sexual es un crimen que debe ser castigado, pues las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencias, de manera que debe pactarse que el cese de la guerra sea tanto en los territorios como en los cuerpos femeninos.
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