Anulación de cédulas en Putumayo "favorece a la misma maquinaria política de siempre"

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Foto: quintopoder
[Yeison Pava; Mesa DDHH Putumayo]
[8 Oct 2015]

El Consejo Nacional Electoral ha anulado cerca de 1 millón 600 mil inscripciones de cédulas por trashumancia electoral, aproximadamente 10 mil de ellas pertenecen al departamento de Putumayo y a campesinos habitantes de zonas rurales, quienes en su mayoría nunca han votado y cuyos candidatos pertenecen a sectores sociales organizados que se podrían ganar las elecciones.

Yeison Pava, abogado integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Putumayo, asegura que la mayoría de cédulas anuladas pertenecen a zonas rurales en las que la mayoría de campesinos las  inscribían por primera vez. El abogado agrega que es la primera vez que se anulan tantas inscripciones de cédulas a pesar de que las prácticas de compra de votos son comunes en las contiendas electorales.

Este aumento en la inscripción de cédulas, que supuestamente alertó al CNE, da cuenta del ejercicio pedagógico con comunidades rurales para afianzar su ejercicio democrático e impedir que sus cédulas fueran trasladadas a las cabeceras municipales como ha venido ocurriendo, agrega Pava.

El abogado afirma que este tipo de acciones benefician a la maquinaria politiquera que ha empobrecido a la región, a través del acaparamiento de las regalías producidas por la extracción petrolera de larga data, en un departamento en el que la cultura politiquera ha visto en la trashumancia electoral la estrategia para llegar a cargos públicos.

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No obstante la actual crisis económica, social y ambiental por la que atraviesa Putumayo ha hecho que su población “tome conciencia de la politiquería que se ha robado las regalías y no les reciben dinero a cambio de sus votos”, concluye Pava.

La exigencia de las comunidades es que el CNE haga una verificación en campo, puesto que el cruce con bases de datos del SISBEN, la ASPEN y el FOSYGA, asumidos como criterio para la anulación de las cédulas, resulta insuficiente. Por lo que adelantan una interposición de recursos de reposición para que el CNE estudie y verifique estas anulaciones con base en certificados de juntas comunales y planteles educativos.