Foto: José Oliver Maya
Este lunes 20 de julio fue asesinado el menor indígena José Oliver Maya Goyes de 15 años y herido el campesino Silvio López en medio de operativos de erradicación forzada adelantados por la Policía Nacional en el corregimiento La Castellana, municipio de Villagarzón, Putumayo.
José, era un menor perteneciente al pueblo indígena Awá y según denuncias de la comunidad habría sido impactado por un disparo de arma de fuego accionada por la Policía Nacional Antinarcóticos, impactándolo a la altura del pecho. (Le puede interesar: Hay políticas que propician la criminalidad en las Fuerzas Militares: CCEEU)
El hecho fue repudiado por organizaciones sociales e indígenas y por sectores políticos presentes en el Congreso de la República como por ejemplo la Representante a la Cámara Ángela María Robledo.
Este es el segundo asesinato en el mes de julio que se produce a manos de la Fuerza Pública en operativos de erradicación forzada de cultivos de coca. El pasado viernes 3 de julio también fue asesinado el campesino Educardo Alemeza en el corredor Puerto Vega Teteyé, municipio de Puerto Asís, Putumayo en el marco de estos operativos. (Le puede interesar: En operativos de erradicación en Putumayo deja dos campesinos muertos y tres heridos)
José Oliver Maya una víctima más de la violencia por parte de la Fuerza Pública
Las comunidades han denunciado el uso excesivo de la fuerza con el que opera la Unidad Antinarcóticos ante los reclamos por el incumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). (Lea también: Ejercito y narcotráfico: verdugos de la sustitución de la Coca)
Por otro lado, las denuncias de las comunidades también se centran en que los operativos de erradicación forzada adelantados por la Fuerza Pública no cuentan con los protocolos de bioseguridad que se requieren en medio de la pandemia de la Covid-19, poniendo en riesgo a quienes habitan los territorios.
Este actuar de la Fuerza Pública, también fue uno de los hechos que motivó movilizaciones sociales como la Marcha por la Dignidad, que arribó a Bogotá el pasado 20 de julio, donde varios marchantes se movilizaron, entre otras cosas, en contra de los «abusos y arbitrariedades» que llevan a cabo las Fuerza Militares en los territorios. Así lo expresó Erika Prieto, integrante de la «Ruta Comunera» de la Marcha por la Dignidad.