Foto: Contagio Radio
[Juliana Chaparro, Comisión de Justicia y Paz]
[26 Feb 2016]
Hoy se realiza en el Salón Boyacá del Congreso de la República una audiencia sobre el caso de Mapiripán y las afectaciones ambientales y sociales por el cultivo de palma aceitera producido por la empresa italiana Poligrow.
Una de las mayores tragedias en esta zona del país, tiene que ver con los factores ambientales que a su vez afectan a la población que cuenta con pocas fuentes de agua, y de las cuales 13 se han secado debido a que la plantación de 15 mil hectáreas de palma aceitera acaban con las palmas de moriche y las fuentes hídricas subterráneas de la región, afectando más de 200 familias. “Las palmas actúan como chupas que absorben el agua que está en el subsuelo”, explica Juliana Chaparro, bióloga y defensora de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia y Paz.
“Empresas palmeras tienen permisos de captación de agua más alta que petroleras, captan más de 1'700.000 litros diarios en Mapiripán”, dice Chaparro, quien señala que las actividades de la empresa podrían generar sequías como las que conoció Colombia en el año 2014 en Paz de Ariporo, y que ocasionó la muerte de miles de chigüiros.
Además el costo que el agua tiene para la empresa también es irrisorio, la organización de DDHH señala que por cerca de 454 millones de litros de agua que Poligrow consume al año solamente está pagando 6 millones de pesos en un contrato a 5 años. Es decir, menos de 1 millón de pesos anuales.
Las organizaciones aseguran que, además, la empresa ha prohibido de manera expresa a las comunidades indígenas Jiw y Sikuani la práctica de actividades ancestrales, como la visita a la laguna sagrada de las Toninas, que fue adquirida por la empresa Poligrow para generar una zona franca e instalar plantas extractoras para el procesamiento de palma africana. Una laguna en la que habitan delfines rosados, una especie en peligro de extinción.
La acción paramilitar, las problemáticas ambientales y el despojo de tierrasserán los temas que se tratan en la audiencia, en la que participan habitantes de la región y las víctimas de la Masacre de Mapiripán, junto con congresistas y defensores de DDHH.