[Foto: ]AscamcatOficial
08 Nov 2018
Continúan los desplazamientos masivos en el municipio de Hacarí, Norte de Santander, estos se han venido agudizando producto de las confrontaciones armadas entre las guerrillas del ELN y el EPL. En total serían más de mil personas las que han salido de sus territorios y no han podido retornar por falta de garantías, según las denuncias de la Asociación Campesina del Catatumbo.
De acuerdo Aleider Contreras, las veredas más afectadas hasta el momento son Mesitas, Aguablanca y Castrellón, producto de los enfrentamientos que sucedieron hasta el pasado lunes 5 de noviembre, según el vocero ASCAMCAT no se han registrado más enfrentamientos en cercanías a las comunidades, pero las familias no han podido retornar a sus hogares, debido a la falta de garantías y seguridad por parte del Estado.
"La situación de las familias es bastante complicada, no es fácil salir y dejarlo todo botado. Hay personas que solo salieron con lo que tenían puesto debido a los fuertes combates que se registraron" manifestó Contreras. (Le puede interesar:"Aumentar pie de fuerza en el Catatumbo no resolverá crisis humanitaria: ASCAMCAT")
Otras de las preocupaciones de las más de 400 familias que se han desplazado forzadamente de sus hogares, tiene que ver con su temor a retornar, debido al aumento de la presencia de Fuerza Pública en las veredas, que de acuerdo con Contreras, podría significar la continuación de los enfrentamientos.
Hace falta más trabajo desde las instituciones Estatales
Frente a la respuesta por parte de las autoridades a esta grave crisis humanitaria, el líder señaló que la Alcaldía municipal de Hacarí ha agotado todas las herramientas para garantizar la protección de las familias y han sido las mismas personas, junto con integrantes de iglesias, quienes se han organizado para ayudar a quienes han llegado desde las diferentes veredas. De igual forma, expresó que hay instituciones estatales como la gobernación departamental que no se han apersonado de la crisis, dificultado el manejo de la misma.
La Comisión por la vida, la Reconciliación y la Paz, también aseguró que las soluciones que se le den a esta situación deben tener en cuenta la inversión en salud, educación y otros derechos fundamentales y no la erradicación de cultivos de uso ilícito o la militarización del territorio que vulneran a las comunidades.