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El gobierno brasileño desarticula 30 talleres de fabricación de ropa, donde los trabajadores estaban en una situación de esclavitud y precariedad total. La fiscalía relaciona los talleres con la multinacional INDITEX, a la que pertenece la cadena de ropa española ZARA.

Juliana Cassiano, fiscal del ministerio de trabajo aseguró que la mayoría de los trabajadores liberados eran peruanos y bolivianos que habían entrado en el país ilegalmente a través de una red de trata de personas; con lo que además de la situación de esclavitud habían contraído grandes deudas con las mafias que los habían introducido.

Las condiciones de los trabajadores eran infrahumanas con jornadas laborales de 16 horas, sin baño, viviendo en las propias fabricas, con un salario de 90 euros al mes.

INDITEX responsabilizó a una de sus filiales, en concreto AHA que trabaja en Brasil y otros países de Suramérica. La multinacional declaró que no ha podido realizar seguimiento a las empresas subcontratadas que surten de ropa a ZARA.

A lo que ha respondido el gobierno, que si ellos han logrado hacerlo, más fácil tendría que haber sido para la multinacional que es quien subcontrata. En palabras de Cassiano "...Y si Inditex es capaz de controlar la calidad de sus productos durante todo el proceso de producción, ¿por qué no hace lo mismo con la mano de obra que emplea?...".

La multinacional dueña del magnate español Amancio Ortega, que posee la tercera fortuna a nivel mundial, y que ha sido denunciada en tres ocasiones por la organización de DDHH y antitrata en Latinoamerica, Fundación Alameda, por casos similares en Argentina, Perú y Bolivia.

Después de las denuncias de los activistas, varios de los miembros de la organización han sido amenazados de muerte.

ZARA ha sido denunciada en todos los países donde opera, como Marruecos, que es el caso donde ha habido mas denuncias por maquilas y trabajo forzado en régimen de esclavitud.

El modus operandi de la transnacional consiste en terciarizar su producción, subcontratando empresas en otros países y creando un entramado empresarial que complica a las autoridades relacionar a INDITEX, con las empresas que están detrás de la flagrante violación de DDHH contra los trabajadores.