Foto: Contagio Radio
[25 Feb 2016]
Ante el crítico balance quen materia de Derechos Humanos vivió Colombia durante 2015 y comienzos de 2016, la CIDH manifestó su preocupación y rechazo, en particular por los homicidios de los defensores Jhon Jairo Ramírez Olaya, Daniel Abril, Luis Francisco Hernández González, Johan Alexis Vargas y la defensora y lidereza Nelly Amaya.
A través de un comunicado de prensa, la organización condenó el asesinato de los 5 líderes quienes adelantaban procesos de restitución de tierras, defensa del ambiente, movimientos comunitarios y de resistencia en las regiones, así mismo se refiere al "contexto generalizado de represalias, hostigamiento y amenazas" que sufren los defensores y defensoras en el país. (Lea también De 156 defensores de DDHH asesinados en 2015, 51 eran colombianos)
En su escrito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera el llamado al Estado colombiano para que garantice el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los líderes y liderezas y que además cumpla su obligación de "investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales".
Adicionalmente la CIDH cita algunos casos representativos de vulneración de derechos, como los atentados contra la vida del líder indígena Feliciano Valencia y las amenazas de muerte contra miembros de MOVICE, líderes sindicales de la CUT-Valle, líderes sociales del Cauca, asi como sobre defensores de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas.
El organismo internacional hace enfasis en la necesidad de proteger a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos porque al atentar contra sus vidas e integridad afectan además "a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad y sumiéndolos en una situación de indefensión", considerando que de cara a la paz "la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática y la consolidación del Estado de Derecho".