[Foto: Ana Karina Delgado]
[5 Dic 2017]
[La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, concedió medidas cautelares a favor de los adultos mayores de la Comunidad Indígena Wayúu. El Estado colombiano deberá garantizar la salud, la alimentación y el agua potable a esta población vulnerable con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. ]
Así lo señala ese organismo mediante la Resolución 51 de 2017, gracias a la solicitud y acompañamiento de la abogada Carolina Sáchica Moreno que ha venido interponiendo una serie de herramientas jurídicas con las que se busca que el gobierno de respuesta a la situación de crisis humanitaria en la que vive la comunidad indígena víctima del abandono estatal y de las actividades mineras de la empresa Carbones El Cerrejón.
[Se trata de la tercera decisión de medidas cautelares que concede la CIDH a favor de la etnia; la primera fue en diciembre de 2015 siendo beneficiarios los niños, niñas y adolescentes y posteriormente fueron ampliadas a las madres gestantes y lactantes; y ahora los adultos mayores también deberán ser objeto de especial protección por parte del Estado colombiano.]
Hace falta voluntad política para cumplir a la CIDH
[No obstante, de acuerdo con la abogada, pese a lo que se ha dicho de parte de la CIDH, en los últimos dos años han muerto más de cien beneficiarios de las medidas cautelares a causa del incumplimiento por parte del gobierno, por ello esta vez se espera que el Estado actúe de manera eficiente para atender la situación de los adultos mayores.]
[En esa línea, se espera que el gobierno incluya a esa comunidad en los programas para atender las necesidades básicas de dicha población y así cumpla con los establecido desde la CIDH. "El Estado ha adquirido un compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y al ser Colombia parte de ese sistema, debe acatar esos requerimientos", manifiesta Sáchica.]
[Para la abogada el paso a seguir debería ser un censo de la comunidad Wayúu de manera que pueda ser debidamente identificada e intervenida. Todo ello, "acompañado de la voluntad política" necesaria para atender a los adultos mayores, niños y mujeres que han venido siendo víctimas de los incumplimientos gubernamentales.]