[Foto: Archivo ]
[6 Julio 2016 ]
En este primer semestre del año, por lo menos diecisiete campesinos han sido asesinados, desmembrados, tirados a ríos o enterrados en fosas comunes en el municipio de El Bagre, Antioquía, según denuncian las comunidades, a manos de los grupos paramilitares que hacen presencia en la región, denominados como Autodefensas Gaitanistas y conformados tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, en 2006. Estos hechos se han puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, esperando que se pongan en marcha acciones pertinentes para el desmonte de las estructuras armadas y se brinden condiciones de seguridad para las familias que desde el pasado 28 de junio han instalado un campamento refugio humanitario.
Mauricio Sánchez, miembro de la 'Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó', afirma que es absurdo que las instituciones insistan en que son normales los asesinatos selectivos, las torturas y desmembramientos que los paramilitares continúan perpetrando en la región. El líder asevera que la situación de derechos humanos es grave y se agudiza por cuenta de los operativos monumentales que la fuerza pública viene implementando contra la minería ilegal y que podrían generar nuevos desplazamientos en la zona.
Este martes en las veredas de La Unión y Benito, la fuerza pública desplegó un operativo contra la minería ilegal en el que quemaron cerca de cinco retroexcavadoras, detuvieron a cinco personas e hirieron a un poblador, para Sánchez resulta desconcertante que se inviertan tantos recursos en este tipo de operativos, pero no en las acciones que las comunidades han demandado para enfrentar a los grupos paramilitares que a diario amenazan su supervivencia y quienes exigen pagos de extorsiones hasta a los vendedores de tintos.
Los operativos se han implementado en el marco del decreto 2235 de 2013 que autoriza a la fuerza pública destruir toda la maquinaría que se está usando para la minería ilegal; sin embargo "el código de minas, la ley 685 de 2001, tiene muchos vacíos jurídicos. La expresión de minería ilegal queda en el limbo a la interpretación de quién ejecute estos operativos, porque hay que reconocer que en la región históricamente han existido comunidades que dependen única y exclusivamente de la extracción de oro", afirma Sánchez.
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