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Entrevista con [Rocío Silva], Coordinadora Nacional de DDHH de Perú:
Continúan las fuertes protestas en el sur de Perú debido a que el gobierno no se ha pronunciado sobre el proyecto minero Tía María.
Portavoces gubernamentales han dicho que no es posible romper la contratación con la multinacional de capital Mexicano. El lunes la multinacional anunciaba un parón de dos meses con el objetivo de renegociar con el estado y de que se calme la situación.
Pero los antimineros no van a finalizar el paro y han decidido continuar secundando desde la región de Arequipa, a la que se han sumado todas las otras regiones del sur del país.
Además se está preparando una jornada de lucha y paro en todo el país con el objetivo de paralizar el proyecto que afectaría amplios sectores agricultores del país, siendo la región del Valle del Tambo la más afectada.
Para Rocío Silva, Coordinadora Nacional de DDHH de Perú, la tregua decretada por el gobierno y la multinacional pretende tranquilizar la situación pero los afectados por el proyecto han decidido continuar con el paro y a este se han sumado más regiones del sur del país.
El proyecto minero "Tía María" fue presentado en 2011 por la multinacional de capital Mexicano Southern Perú Copper Corporation. Es en este momento cuando ya hubo un primer conato de protestas que dejó 3 manifestantes muertos, por ésto las organizaciones sociales de DDHH y afectados de la región exigieron a Naciones Unidas realizar un informe sobre las posibles afectaciones que pudiera presentar el proyecto minero.
Fue entonces cuando UNOC emitió el informe en el que se advertía de 137 observaciones en referencia daños ambientales y de carácter social y económico para la región.
El proyecto se desarrollaría en una zona árida, por un lado, y en otra zona altamente fructífera conocida como el Valle del Tambo, donde más del 80% de la economía depende de la agricultura. En total 13.000 hectáreas quedarían afectadas por el proyecto y en grave riesgo de secarse el río Tambo.
La afectación en el valle dejaría sin agua para poder cultivar, dejando toda la región sin la zona más prospera donde los agricultores y campesinos dependen de las exportaciones de fruta y verdura.
La concesión minera también afectaría al Puerto de Mollendo, donde se instalaría una desalinizadora con el objetivo de extraer más agua, los residuos vertidos por la planta y la propia infraestructura afectarían ambientalmente al puerto más importante del país que conecta el atlántico con el Pacífico.
En 2014 la multinacional encarga un estudio en el que refleja que las 137 observaciones del informe de UNOC ya se han solventado, se presenta al gobierno, y éste sin verificarlo adjudica la concesión minera para la región de Arequipa.