[Foto: Contagio Radio]
[12 Sept 2015]
[Según el informe “Una mirada al desplazamiento forzado: persecución penal, aparatos organizados de poder y restitución de tierras en el contexto colombiano", de Abogados sin Fronteras Canadá y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las comunidades de las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó no han han tenido la restitución efectiva de sus tierras.]
[Los aparatos organizados de poder responsables de su desplazamiento forzado no han sido investigados ni sancionados y la presencia actual de paramilitares en la región constituye una amenaza inminente de posibles nuevos desplazamientos. ]
[La creación de la Ley de víctimas, con un capítulo dedicado a restitución de tierras, en la vigencia del conflicto armado, resulta contradictorio e impide que las comunidades despojadas retornen y permanezcan en sus territorios.]
[La presencia y actuación de grupos paramilitares articulados con sectores empresariales, en el Curvaradó y Jiguamiandó no garantiza condiciones de seguridad, ni posibilidades de que sus pobladores ejerzan soberanía en el uso del suelo.]
[Se denuncia que estos grupos armados, en conjunto con empresas palmicultoras, ganaderas y bananeras, están limitando la participación política de los afromestizos en los Consejos Comunitarios Mayores, así como impidiendo la libre movilidad en la carretera que conduce de Pavarandó hacia Mutatá y emitiendo órdenes de desalojo. ]
[Pese a las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, no se han investigado ni sancionado a todos los políticos, altos mandos de las fuerzas militares y policiales, agencias de cooperación internacional y miembros de la iglesia católica, involucrados directamente en la comisión del delito del desplazamiento forzado en esta región, por el financiamiento y expedición de órdenes a los grupos paramilitares que adelantaron operaciones de despojo. ]
[El informe concluye con que es necesario consolidar sistemas de información amplios y en red, para poder conectar denuncias sobre hechos particulares con las estructuras de poder que intervienen en sucesos de mayor incidencia como el desplazamiento forzado; así como construir mecanismos participativos para las comunidades en el curso de procesos penales, que posibiliten la indagación de pruebas técnicas y no solamente testimoniales, como ocurre actualmente.]