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[4 Feb 2016. ]
A propósito del balance sobre la implementación del Plan Colombia durante estos 15 años y una posible ejecución de su segunda etapa, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en que debido a las [nocivas consecuencias] de esta primera fase es necesario que se construya un proyecto completamente distinto en contenido y desarrollo, que más allá del intervencionismo fortalezca la cooperación internacional para las transformaciones que requiere el posconflicto.
Reinaldo Villalba, vicepresidente del ‘Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo’ CAJAR, asevera que una segunda fase del Plan Colombia no puede orientarse a “la militarización de la sociedad colombiana”, como ha ocurrido durante estos 15 años, sino que debe posibilitar la eliminación de las causas estructurales que han motivado el conflicto social y armado en nuestro país, y en esa medida los recursos deben disponerse para el fortalecimiento de la inversión social, teniendo en cuenta a las comunidades para la implementación de los programas que se acuerden.
"Sí el acuerdo se da en La Habana, hay que construir paz, democracia y país, y la comunidad internacional debe participar en términos de cooperación y no de intervención", afirma Villalba e insiste en que la reestructuración que requiere el Plan Colombia “debe respetar ante todo la soberanía del estado colombiano”, sin promover “el intervencionismo para la imposición de modelos y políticas”, y compete a la sociedad civil movilizarse para garantizar la voluntad política de los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos en los cambios para el posconflicto.