"Estamos convencidos de que estas capturas hacen parte de una campaña por desestabilizar los proceso organizativos en Colombia, y que así como sucede en el Putumayo, sucede en otros departamentos del país", declara Yury Quintero, de la Red de Derechos Humanos. Hay que recordar que según el informe presentado por la Coalición Larga Vida a las Mariposas, de los 10 mil prisioneros políticos que existen en Colombia, cerca del 80% son líderes y lideresas sociales que nunca han portado un arma. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el Estado colombiano habría cambiado sus tácticas criminales, reemplazando las ejecuciones extrajudiciales por capturas masivas que desestabilizan a las organizaciones en resistencia. En el departamento del Putumayo, los líderes judicializados hacen parte en su mayoría de FENSUAGRO y ANZORC. El caso se repite una vez más con la captura de 5 campesinos el mismo jueves 14 de mayo en la Vereda Arabia, del Putumayo: 1 familia compuesta por padre, madre y sus dos hijos; y un campesino cabeza de familia, responsable de su esposa e hijos en condición de discapacidad. Las comunidades han rodeado a las familias víctimas de los montajes judiciales, mientras la Red de Derechos Humanos se organiza para solicitar que la audiencia se realice lo más pronto posible, de ser el caso, se decrete prisión domiciliaria como uno de los beneficios jurídicos más inmediatos. "Son inocentes y vamos a demostrarlo, estoy convencida y meto las manos al fuego por estos compañeros", asegura Quintero.