Foto: Contagio Radio
11 Jul 2018
Integrantes de la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación IPC y la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz, denunciaron un presunto plan criminal para atentar contra la vida de tres de sus directivos, destacados por su trabajo de acompañamiento y apoyo a reclamantes de tierras en el Urabá.
Según lo expuesto en un comunicado emitido el 7 de julio, reconocidos empresarios de los sectores ganadero, palmicultor y bananero de la zona, estarían fraguando un plan criminal en contra de Gerardo Vega, director de Forjando Futuros; Carlos Yamil Páez, Fiscal de Tierra y Paz; y contra uno de los coordinadores del equipo de trabajo de restitución de tierras del IPC que prefirió preservar su identidad.
En la denuncia, se vincula con nombre propio a los empresarios Ángel Adriano Palacios Pino, José Arley Muñoz, Luis Fabio Moreno Ruiz Y Jaime Antonio Uribe Castrillón, quienes según informaciones obtenidas por las organizaciones afectadas, habrían celebrado reuniones en una Finca ubicada en el kilómetro 40 por la vía Panamericana frente a la Finca el Trébol en el Municipio de Turbo, Antioquia.
La comunicación advierte que tales encuentros, tendrían como fin establecer planes con el propósito de detener los procesos judiciales de restitución de tierras que cursan contra ellos como despojadores. (Le puede interesar: Asesinan a James Jiménez, líder de proceso de restitucion de tierras en Turbo)
El 9 de julio, las organizaciones radicaron la denuncia ante la Fiscalía General, seccional Antioquia, y mientras su trámite tiene su curso, extienden un llamado al Estado colombiano para que acelere la investigación y garantice la protección de la vida de los dirigentes, y a la Comunidad Internacional para acompañar el proceso.
Unidad de restitución de Tierras anuncia "barrido de solicitudes" en Uraba
La Unidad de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Apartadó, anunció que realizará el próximo 31 de julio un barrido total de las solicitudes en Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo, considerando que, según sus cifras, ha sido alcanzado el 85% de atención a las reclamaciones relacionadas con microzonas en esos municipios.