[Foto: Sputnik Mundo]
[Nadin Reyes, vocera de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada]
[31 Ago 2015 ]
[Nadin Reyes, vocera de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, afirma que pese a que México no cuenta con registro nacional oficial sobre desaparición forzada, la cifra de víctimas se estima entre 30.000 y 60.000. A este alarmante incremento se suman algunas falencias con las que se enfrentan los familiares de personas desaparecidas forzadamente, relacionadas con la inoperancia y falta de voluntad política del Estado mexicano y sus instituciones para hacer frente a la problemática. ]
[A la inexistencia de un censo nacional de víctimas de desaparición forzada, se suma la falta de claridad en los criterios para la investigación de los casos denunciados; la carencia de un protocolo de búsqueda inmediata y la no tipificación del delito en la jurisdicción mexicana, que perpetua la impunidad, como impedimentos para que los familiares o no puedan denunciar o sus denuncias sean atribuidas a delitos menores.]
[La confianza en las autoridades mexicanas es nula, entre otras porque han incrementado las amenazas a los familiares de las víctimas para que no denuncien los hechos, sumado a que en ocasiones han sido revictimizados, pues les han entregado cuerpos que no corresponden a los de sus desaparecidos, ante la falta de una institución confiable para el cotejo de cuerpos. ]
[Reyes, asegura que estas agresiones se enmarcan en una política sistemática generalizada desde los años 70 y agudizada actualmente, bajo la excusa de combate al narcotráfico, pero en realidad dirigida contra los sectores sociales, particularmente los defensores de derechos humanos y extendida a los sectores no organizados, incluyendo a menores de edad. En suma es una estrategia de terror para difundir el miedo en la sociedad y tener vía libre en la aplicación de políticas neoliberales.]
[La documentación de los casos de violaciones a derechos humanos, ha permitido establecer relaciones directas entre la implementación de proyectos extractivos en estados como Nuevo León, Chiguagua, Guerrero, Chiapas, Hidalgo y Veracruz por parte de empresas multinacionales, con los desplazamientos, expropiaciones, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de las que han sido víctimas las bases sociales allí presentes. Como una muestra del terrorismo de Estado mexicano implementado a favor de intereses económicos extranjeros.]
[Frente al retroceso que experimentan las organizaciones mexicanas que defienden los derechos humanos, en relación con las garantías para el ejercicio de su labor, éstas han programado actividades políticas y culturales para que la sociedad civil se sensibilice ante la gravedad de la situación y las autoridades asuman medidas concretas que combatan este crimen, como la caminata programada para el 3 de septiembre en la que exigirán frente al Senado de la República que la iniciativa de ley presentada el pasado 19 de agosto, sea recibida formalmente para su discusión. Vea también ][Presentan proyecto de ley contra la desaparición forzada en México]