Foto: Crónica Uno
[Fernando Castro, SINDESS]
[18 Mar 2016]
En la plenaria del Concejo de Bogotá se aprobó la reforma a la red hospitalaria pública de Bogotáque para el Sindicato Nacional de La Salud y Seguridad Social, SINDESS, sería el paso final para la privatización del derecho a la salud en la capital y en el país.
Con 33 votos a favor y uno en contra, los 22 hospitales de la ciudad se integrarían en 4 gerencias distribuidas al sur, norte, centro oriente y suroccidente de Bogotá. Cada una de estas redes tendría servicios especializados, lo que significa que las personas deberán ir a los hospitales, no por la cercanía y facilidad de movilidad vial, sino por las características de la urgencia que tengan.
De acuerdo con Fernando Castro, vicepresidente de SINDESS, los concejales dieron vía libre a este proyecto, pese a las advertencias de que la reforma no cuenta con ningún tipo de estudio técnico, ni de geografía sanitaria, metodología y formulación que validen las rutas integrales y tampoco hay estudios metodológicos de la situación de la salud en Bogotá. Así mismo, Castro asegura que no se realizaron consultas a la comunidad.
Con la reforma, se crean dos entidades que costarían 10 mil millones de pesos y que además serían innecesarias, según explica el vicepresidente de SINDESS, quien añade que también se acabaría con los 164 centros hospitalarios básicos primarios para dejar únicamente 40, “Eso no va a solucionar el problema, va a complicarlo porque los pacientes tendrán que peregrinar mucho más para que los atiendan”.
María Doris González, presidenta de SINDESS, se trata de una reforma que afecta directamente la estructura de la red hospitalaria, la especialización de los servicios y la movilidad de los usuarios. Además, la reforma no plantea soluciones referentes a las deudas de las EPS con los hospitales.
Castro concluye que la reforma cuenta con serios vicios de forma y fondo, y que los trabajadores del sector de la salud, junto a congresistas del Polo Democrático y el Partido Mira, estudian las acciones jurídicas necesarias para enfrentar esa decisión que “afectaría directamente la vida y salud de la ciudadanía”.