[Foto: Dimar]
[27 Julio 2016]
Tras 2 años del derrame de petróleo ocurrido en el puerto Coveñas y que afectó gran parte del golfo de Morrosquillo, los pobladores del Archipiélago de San Bernardo y particularmente los de las islas de Mucura y Santa Cruz del Islote, interponen ante el Tribunal Administrativo de Bogotá una demanda colectiva contra Ecopetrol y Ocensa, como principales responsables de los impactos ambientales y sociales que produjo el derrame y que se agudizaron luego de que las empresas no pusieron en funcionamiento los protocolos de asistencia y seguridad a los que los obliga la normativa.
"Santa Cruz del Islote es conocida como la porción de tierra más pequeña y densamente poblada del mundo (...) menos de media hectárea en la que viven más de 900 personas que se dedican a la pesca y al turismo" asegura el abogado Victor Cortes, quién agrega que desde 2014 la pesca artesanal de langosta, caracol, pulpo y pescado de la que viven cientos de familias en la isla, se ha disminuido un 80%, una situación que ha llevado a que el 60% de las madres cabeza de hogar tengan tendencias suicidas al enfrentarse a no contar con una alternativa económica para sostener a sus hijos.
En términos ambientales las consecuencias también han sido negativas, pues pese a que se limpió la mancha de petróleo, no se han logrado detener los efectos tardíos del derrame sobre el ecosistema coralino y se han provocado migraciones de diversas especies marinas, a causa del alto indice de contaminación del agua, con efectos devastadores para todo el Archipiélago; teniendo en cuenta que el Islote actúa como una barrera coralina que se ha visto altamente impactada por la operación del puerto petrolero de Coveñas.
La demanda exige una reparación económica para las comunidades, el restablecimiento del medio marino y la implementación de proyectos productivos sostenibles, como medios para reparar a los pobladores que aseguran nunca haber sido consultados para la construcción del puerto, ni haber sido atendidos por la emergencia social y ambiental que tuvieron que enfrentar pese a los derechos de petición que dirigieron a entidades como la Dirección Nacional Marítima, la Capitanía del Puerto, Ecopetrol, Ocensa y los Ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía.