Las tres prisioneras políticas, víctimas del montaje judicial conocido como caso Andino, fueron trasladadas de forma arbitraria a la cárcel de Coiba en Ibagué. Sus familiares aseguran que el Estado es responsable de los que pase con ellas en medio de la crisis del covid-19 y la falta de garantías a derechos humanos.
En este programa del Expreso Libertad, Néstor Méndez, padre de Alejandra, una de las prisioneras políticas, manifiesta que hasta el momento no han logrado comunicarse directamente con ellas. Sin embargo han recibido información de que las mujeres estarían en calabozos de aislamiento.
En vista de estos hechos y de la crisis carcelaria en torno a la pandemia del Covid-19, la Comisión de Justicia y Paz interpuso una serie de tutelas, que de acuerdo con la abogada Isabel Velasquez, permitan la atención urgente a esta situación y un conjunto de acciones que protejan la vida de la población privada de la libertad.