La Procuraduría General de la Nación solicitó ante el Consejo de Estado la nulidad de dos normas emitidas por el Gobierno que establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, entre ellos el fracking. (Le puede interesar: No al fracking: Deuda de campaña que Duque debe cumplir)
La solicitud se sustenta en que el fracking y otras técnicas de extracción de yacimientos no convencionales, no son compatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución Política. En ese sentido, el ente de control solicitó al Consejo de Estado declarar nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que reglamentaron dichas técnicas. (Le puede interesar: Senado le dice No al fracking pero todavía no se puede cantar victoria)
Al rendir concepto ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Procuraduría pidió aplicar el principio de precaución teniendo en cuenta que existe peligro de daño al medio ambiente, en especial, la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el aumento de la actividad sísmica en los lugares donde se desarrolla la práctica, y un potencial daño a la salud del ser humano. (Lea también: Aguas ultra-profundas: la nueva frontera del extractivismo petrolero en Colombia)
Adicionalmente, la Procuraduría alertó sobre la necesidad de declarar la nulidad de estas normas, ya que, de llegar a materializarse alguno de los riesgos que trae consigo el fracking, el daño resultaría irreversible, teniendo en cuenta que Colombia no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, una capacidad de monitoreo y control para ello, ni acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica.
Asimismo, la Procuraduría señaló que en caso de contaminación hídrica, esta repercutiría en daños irreversibles a los ecosistemas, fauna y flora del país, sin descartar el potencial daño a la salud del ser humano, no solo de quienes laboran y se exponen a las sustancias que hacen parte del proceso de fracturación, sino de quienes habitan en cercanía de las zonas de explotación. (Lea también: Proyectos extractivos representan un mayor riesgo de violencias contra las mujeres: ONG´s)
Por otra parte, la solicitud se sustentó también jurídicamente, frente a lo cual la Procuraduría sostuvo que las normas que regulan estas técnicas de extracción, son contrarias a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución, y al artículo 1° de la Ley 99 de 1993, que incorporan los principios de precaución y de desarrollo sostenible en el manejo de las decisiones que puedan afectar el medio ambiente.
El pedido de la Procuraduría se da en el marco de una demanda interpuesta por el ciudadano Esteban Antonio Lagos quien solicita la nulidad del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 expedidos por el Gobierno Nacional, fundado en muchas de las razones de índole científico y jurídico, recogidas por la propia Procuraduría en su concepto, quien se sumó al pedido de nulidad expuesto por el accionante.