Foto: CIDH
[Danilo Rueda CIJP]
La Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales, que reúne varias organizaciones de DDHH en Colombia, plantea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que el presidente Juan Manuel Santos debe tomar decisiones de cara a la ampliación del Fuero Penal Militar que cursa en 7 proyectos en el congreso. También solicita a la CIDH que intervenga para que las investigaciones por estos hechos identifiquen a los máximos responsables, ya que sólo 4 Coroneles son investigados en más de 5000 casos.
Según las organizaciones de Derechos Humanos hay material probatorio suficiente para demostrar que las ejecuciones extrajudiciales son una práctica orientada por los máximos responsables de las FFMM, varios generales y no solamente los 4 coroneles que están siendo investigados.
En el escenario de las conversaciones de paz, las organizaciones de DDHH solicitan que se abra la posibilidad de discutir la doctrina militar, dado que según ellos, esa doctrina concibe a la población civil como enemigos internos y por ello hay responsabilidad de esa doctrina en la comisión de las ejecuciones extrajudiciales, porque justifica la acción contra la población civil.
Danilo Rueda, defensor de DDHH de la Comisión de Justicia y Paz, afirma que el informe intermedio de la CPI señala que la práctica de las ejecuciones extrajudiciales es sistemática. De otro lado y frente a la respuesta del gobierno nacional en que se hizo referencia al más reciente informe de la ONU en que se indica una disminución de las ejecuciones extrajudiciales, Danilo Rueda afirma que “disminuir no significa que no estén ocurriendo” y que además es evidente que existen reductos que siguen realizando esa práctica.
Según los defensores de DDHH en lo corrido del gobierno de Juan Manuel Santos han ocurrido 230 ejecuciones extrajudiciales, y aunque es evidente la reducción no es suficiente lo que se hace para evitar que sigan sucediendo.
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Audiencia: Legislación sobre Justicia Penal Militar
Además, la ampliación del Fuero Penal Militar facilita que los tribunales internacionales investiguen y sanciones a los militares, puesto que con lo que está en trámite no se garantiza la satisfacción de las víctimas en sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, señala Rueda. Para el defensor de DDHH es necesario que en el marco de las conversaciones de paz se establezcan mecanismo para responder a las víctimas y no para facilitar la impunidad, “El fuero militar no es la salida frente a lo que reclaman las víctimas”