[Foto: hbs]
[22 Abr 2017]
La presencia de por lo menos 10 estructuras paramilitares en la región, de insurgencia del ELN, de bandas dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal son algunas de las razones por las cuales la Misión de Observación Electoral, MOE, califica como “riesgo extremo” para la realización de las elecciones atípicas de este 23 de Abril en Tumaco, luego de la destitución en Enero de María Emilsen Angulo, alcaldesa electa en Octubre de 2016.
Según lo manifiesta la MOE, la elección de Tumaco como jurisdicción especial y municipio piloto para la implementación del acuerdo de paz y la existencia de una Zona Veredal, son dos de las características especiales de las votaciones atípicas y por ello también han decidido no hacer observación con personas locales solamente, sino que movilizarán allí observadores regionales para supervisar a situación. (Lea también: Farc denuncian presencia de 10 grupos paramilitares en Tumaco)
Para esta jornada la Registraduría ha destinado 15 puestos de votación en la zona urbana y 384 mesas en las zonas rurales del municipio. Sin embargo, las mesas ubicadas en Llorente, epicentro de recientes protestas por los incumplimientos del acuerdo sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, son para la MOE, situaciones que merecen toda la atención para la observación del trascurso de la jornada. (Le puede interesar: campesinos persisten en protestas en zona rural de Tumaco)
Elecciones atípicas han costado 10.300 millones de pesos
Según informó la MOE se han realizado 29 elecciones atípicas desde las jornada electoral de Octubre de 2015, y le han costado al país cerca de 10.300 millones de pesos entre diciembre de 2015 y Abril de 2017, lo que implica un costo muy alto dado que situaciones como estas podrían prevenirse. (Lea también: Colombia tiene un sistema electoral que permite elegir criminales)
En otra entrevista a Contagio Radio, Alejandra Barrios afirmó que este tipo de situaciones son las que dan cuenta de la necesidad de una reforma que ponga más controles y sanciones a los partidos políticos que dan avales a candidatos y candidatas que tienen investigaciones abiertas o que están acusados de delitos. Si no se permite ese aval no sería necesario realizar otro gasto en otras jornadas electorales.