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[24 Marz 2016]
El Informe Anual de libertad de expresión evidencia el aumento de violencia y agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante 2015. Según la CIDH sobre libertad de expresión, en 2015, 27 periodistas fueron asesinados por razones que tienen que ver con el ejercicio de su profesión, y en otros 12 casos no hay evidencia concreta de ser víctimas por su labor.
En cuanto a los países en los que ocurrieron dichos asesinatos está Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Paraguay. De acuerdo a las cifras, en 2015 aumentó la violencia contra los periodistas con respecto al 2014, año en que se registraron 24 asesinatos.
El informe también expresa su preocupación por la respuesta desmedida de varios Estados al derecho a la manifestación y a la protesta, lo que se hizo presente a través de la disolución violenta de protestas por parte de cuerpos de seguridad del Estado, detenciones de activistas y periodistas, agresiones y roturas de equipos de los comunicadores.
Sin embargo, los asesinatos o las agresiones físicas directas no son las únicas amenazas a las que se enfrenta el ejercicio del periodismo, en el informe se señala el control monopólico de los medios de información y la asignación de pauta publicitaria oficial de manera discriminatoria de acuerdo a la línea editorial del medio.
Además, se resalta que el uso de la fuerza para dispersar las manifestaciones y protestas públicas también afecta a los y las periodistas puesto que muchos de ellos son víctimas de las agresiones o sus equipos son afectados por la acción directa o indirecta de la fuerza policial o militar, además de las acciones contra la libertad de expresión
De acuerdo a la CIDH es necesario y urgente que los Estados adopten mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra las y los comunicadores, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión; la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
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