[Foto: dw/afp]
[Paloma Duarte, “La Junta”]
[16 Mar 2016]
En las calles de Lima, cerca de 10 mil personas se movilizaron ayer en contra de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, puesto que se han comprobado diversos delitos de corrupción con material documental en el que se evidencian pagos en efectivo por parte de la candidata a electores para favorecerla en las próximas elecciones que se realizarán el 10 de Abril.
La exigencia de la campaña “Keiko No Va” ya trascendió hasta el tribunal electoral que deberá decidir si valida las pruebas y retira la postulación de Fujimori que hasta ahora es favorita en las encuestas. Según Paloma Duarte, integrante de la organización social “La Junta” las pruebas son irrefutables y si se actúa en derecho, la campaña fujimorista deberá ser retirada de la contienda.
Ya en el mes de Febrero la candidata por el partido Fuerza Popular, reconoció los diversos actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, y a pesar de las pruebas en que ella misma hace entrega de dineros en efectivo, afirma que en caso de ganar las elecciones combatirá la corrupción, afirma Duarte.
Lo cierto es que ni las organizaciones sociales, de DDHH y ciudadanos en general creen en el discurso fujimorista puesto que en la memoria reciente de ellos y ellas está firme el recuerdo del nefasto gobierno de la familia, en el que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori, se reprimió la protesta social y se vendieron más de cien empresas públicas de alto valor comercial y estratégico.
Se espera que la decisión de los tribunales electorales sea anunciada en las próximas horas, en caso de ser positiva a los reclamos de miles de personas, Keiko Fujimori deberá ser investigada por la justicia y enjuiciada por los delitos de corrupción y de compra de votos de los que se le acusa.
Frente a esa posibilidad, Duarte afirma que el movimiento social que se ha manifestado de manera espontánea también responde a una serie de inconformidades sociales y de Derechos Humanos que se han fortalecido durante los últimos años y que obedecen a políticas que afectan el ambiente, el derecho al agua, el trabajo digno y la defensa de los DDHH entre otras.