[Foto: Acción Vera Paz ]
[25 Abril 2016 ]
Víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, universidades y funcionarios de Gobierno se reunieron este sábado en Trujillo, Valle, para el acto de reconocimiento de responsabilidad por acción y omisión del Estado colombiano en los asesinatos, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados ocurridos en este municipio entre 1988 y 1994 y que dejaron un total de 342 víctimas.
Desde 1995 el Estado colombiano había sido condenado por su responsabilidad en [estos hechos] y se habían pactado ocho recomendaciones entre las que se contemplaba un acto público de reconocimiento de responsabilidad, acción con la que se cumplió parcialmente. Ernesto Samper, el presidente de entonces pidió perdón pero a través de los medios, según asegura la hermana Maritze Trigos.
Frente al incumplimiento del Estado, la Procuraduría emitió la directiva 0019 de 2008, en la que veintisiete instituciones se comprometieron con un acto de perdón dirigido a las víctimas; sin embargo hasta el 6 de abril de este año se acordó que el 23 como fecha límite para su realización, todo ello en el marco del ['Acuerdo de Solución Amistosa' ante la CIDH].
En el acto intervinó el Ministro de Justicia Yesid Reyes, quien aunque "no se comprometió con cosas concretas, dijo: siento vergüenza de que el Estado haya participado en esta cruel masacre. También pidió perdón a las víctimas que nos quedamos esperando respuesta a nuestra solicitud para que este acto no quede en lo simbólico", sino que trascienda al cumplimiento de todo el Acuerdo, afirma Trigos.
Las voces de víctimas como Orlando Arboleda, recordaron que once líderes campesinos e indígenas fueron los primeros pobladores en ser conducidos a las fincas de los jefes paramilitares Diego Montoya alías 'Don Diego' y Henry Loaiza 'El Alacrán', en las que fueron desmembrados con motosierras, para luego ser arrojados al río Cauca. En total 88 desapariciones se presentaron entre 1994 y 1999, afirma Trigos.
Orlando "nos recordó con mucho dolor el asesinato del padre Tiberio Hernández", quien fue acusado de ser integrante del ELN por ayudar a la conformación de 24 cooperativas y participar de una marcha en la que las comunidades exigían la garantía de sus derechos, continúa Trigos.
Estos 28 años han significado para las víctimas organizadas en AFAVIT "corrupción, atropello, lucha y resistencia" para que el Estado cumpla con la reparación en términos jurídicos y económicos, pues hasta la fecha sólo se han indemnizado 34 víctimas. Pese a ello destacan el acompañamiento que instituciones como MinCultura y el Centro Nacional de Memoria Histórica les han brindado desde hace 5 años.
Ludivia Vanegas, vicepresidenta de AFAVIT, narró como "en medio de la muerte y las amenazas" se ha ido construyendo la vida y la esperanza en Trujillo, a través del Parque Monumento en el que pobladores y acompañantes se trasladaron con velones y arreglos florales a las tumbas de las víctimas para conmemorar su legado.
El Abogado Eduardo Carreño, integrante del 'Colectivo de Abogados', se dirigió al Ministro de Justicia asegurando que se esperan avances jurídicos pues esta masacre tiene un grado de impunidad cercano al 98%, y el Acuerdo establece el reconocimiento de 76 del total de 324 víctimas, quienes serán reparadas con la Ley 288 de 1996, "porque la 1448 no respeta leyes internacionales", ni garantiza que cese la impunidad, según expresa Trigos.
A la exigencia de garantías de no repetición, entre ellas, el [desmonte de las estructuras paramilitares] como 'Los Rastrojos' que continúan amenazando y extorsionando, se sumó el llamado del alcalde del municipio quién insistió en que la reparación debe incluir no sólo a las víctimas directas sino a todos los pobladores de Trujillo, pues las 24 cooperativas que se destruyeron deben ser reparadas en forma colectiva.