Foto: proceso
[Enrique Santiago, Abogado]
[24 Sep 2015]
El acuerdo de justicia que se firmó el día de ayer en la Habana brinda todas las garantías para que no exista impunidad si se cumple tal como está pactado, con la inclusión de las fuerzas del Estado, guerrilleros, empresarios y civiles que hayan participado directa o indirectamente del conflicto aporten con sus versiones a la justicia, la reparación y la no repetición de estos hechos.
"Las vícitmas serán las más beneficiadas": Santiago Romero
El abogado español, Enrique Santiago, miembro del equipo de asesores que gestaron este acuerdo es un ejemplo para todo el mundo ya que “recoge propuestas históricas del movimiento de víctimas y de derechos humanos” además que “el sistema se ha construido sobre el combate a la impunidad”.
Con las versiones sobre el conflicto que den las organizaciones de víctimas y derechos humanos se podrá tener una visión mucho más completa de lo que ha sido el conflicto, Santiago Romero dice que “cubrirán un importante vació que nunca han cubierto los organismos del Estado como lo es la participación de políticos, grupos económicos y financiadores del conflicto”.
Oposición y Justicia:
Frente a las voces de oposición que indican que este mecanismo permitirá la impunidad Romero indica que “cualquier crítica que diga que el sistema está basado en la impunidad es una crítica que no tiene sentido” y se refirió al proceso de Justicia y paz aprobado por el expresidente Álvaro Uribe, en el cual se desmovilizaron 35000 paramilitares y solo se impusieron 33 sanciones con penas máximas de 8 años de cárcel.
Este sistema además impondría las penas de acuerdo a lo que sea rebelado y constatado por el tribunal adhoc el cual estaría conformado por 7 salas con 5 jueces en cada una de estas estancias, debido a que “las infracciones y delitos que han ocurrido durante el conflicto son demasiadas” indicó Romero. Estos miembros serían escogidos de acuerdo al sistema que la mesa de negociación establezca.
De esta forma “lo que hay contemplado es una unidad de investigación y acusación la cual se nutra de todas las acusaciones formuladas históricamente por los distintos organismos de acusación colombianos, Fiscalía, Procuraduría, comisión de acusaciones cámaras, jurisdicción militar”, además de las organizaciones civiles.
Así mismo Romero plantea que este es uno de los sistemas más justos que se ha implementado para un proceso de paz, pero resalta la importancia de que este se concluya con un programa estricto de reparación, justicia y no repetición, además de garantías para aquellos que se desmovilicen e integren a la vida civil y política.