[Foto: Peacepresence]
[13 Dic 2016]
Después de un año del desalojo de la finca El Tamarindo en Barranquilla, donde habitaban más de 120 familias desplazadas a causa del accionar paramilitar en el Cesar, Magdalena, Urabá y Bolívar, la Asociación de Trabajadores del Campo ASOTRACAMPO, conformada en 2012 por estas familias, denuncia a través de un comunicado que hasta el momento no han recibido las garantías de restitución prometidas por el Estado.
La Asociación manifiesta que hasta la fecha ninguna de las instituciones estatales responsables como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, han asumido su responsabilidad en el caso, “no se han articulado de manera efectiva, exponiendo las 62 familias miembros de ASOTRACAMPO, 52 de ellas registradas como víctimas del conflicto armado, a condiciones de completa vulnerabilidad”.
La organización campesina señala que en tiempos de transición hacia una paz duradera, sienten una profunda indignación porque “las víctimas de múltiples desplazamientos por el conflicto armado y campesinos en condiciones vulnerables por las causas estructurales del conflicto de la distribución desigual de la tierra, son nuevamente víctimas de un despojo por intereses económicos, sin ninguna garantía de protección de sus derechos básicos por parte del Estado en todos sus niveles”.
Por ultimo, en el comunicado organizaciones defensoras de derechos humanos y las familias afectadas, exigen al Gobierno Santos, a la Alta consejería para los Derechos Humanos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la defensoría del pueblo y a organizamos internacionales, atención, seguimiento y respuesta efectiva frente a la situación de crisis humanitaria que atraviesan.
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