Muchos interrogantes están detrás de la propuesta de César Gaviria sobre la eventual aplicación de una justicia transicional a los civiles, a los no combatientes y también a los militares, cerca de 4000 condenados y otros 12 mil procesados por violaciones de derechos humanos.
¿Qué hay detrás de esta iniciativa de Gaviria, presentada la semana pasada? ¿Es una ambientación para un mea culpa del establecimiento o una anticipación preventiva para evitar el desmoronamiento ante una eventual insurrección ética de las ciudadanía que transforme el orden de cosas?. ¿Se trata de asegurar el silencio o los beneficios de los empresarios, en particular, los que son parte del grupo de los 6 o de los 12 de los que hablaba Castaño, algunos de los cuales están vinculados a más de 10 mil procesos que no avanzan en el aparato de justicia? ¿Se busca asegurar el consentimiento de políticos que no han sido investigados en el proceso de la parapolítica, entre ellos, Uribe, ante un eventual acuerdo con las guerrillas? , o también, aunque Gaviria es liberal, ¿lanzar una tabla de salvación a la propia iglesia católica sobre sus propias responsabilidades luego que ésta no quede muy bien parada con una Comisión de la Verdad? Las preguntas se resolverán con el tiempo.
La iniciativa del expresidente la dio a conocer días después del conocimiento de los relatos de los 12 expertos sobre el origen del conflicto, del que señalábamos indica que existen dos metarelatos: el oficial y el que comparten la mayoría de las víctimas, las del Estado. La propuesta de Gaviria con tal antecedente no es gratuita. Gaviria pretende quizás alertar a los empresarios, a expresidentes, quien sabe, si él mismo es conciente de su responsabilidad y quiere incluirse, sobre la importancia de reconocer responsabilidades o simular ese reconocimiento.
En el metarelato negado, silenciado o tergiversado de las víctimas se enuncian las responsabilidades de actores más allá de los guerreros que sostienen al establecimiento. Ese otro metarelato identifica actores eclesiásticos, mediáticos, políticos, empresariales e internacionales como corresponsables de la violencia oficial. Algunos de ellos que han instigado la violencia, o en otros casos, que la financiaron y la planificaron para proteger o para amasar poder político y económico.
¿Es aplicable entonces la justicia transicional? Si la pretensión de Gaviria es una simulación de verdad y de justicia, para aplacar la controversia que resulta de otorgamiento de beneficios o alternativas en la sanción penal a las guerrillas y no a los militares y empresarios, estamos ad portas de una suerte de asimetría política y sociológica inadmisible éticamente. Incluso, podría implícitamente, como ocurrió con las responsabilidades del Estado en la retoma del Palacio de Justicia, convertirse en un Pacto de Silencio. Un silencio que en últimas beneficiaría al sector empresarial y político, y a algunos militares. Ese pacto de silencio bajo la búsqueda de una transición no significaría ni la verdad real ni una reparación conforme a la responsabilidad que les compete, se trataría de una responsabilidad genérica sin mayores repercusiones sobre el capital empresarial
Qué los beneficios penales puedan ser eventualmente los mismos, en ningún caso, significa que las responsabilidades puedan ser las mismas, ese es al asunto de la verdad, ese es el meollo del asunto. La eventual simetría sancionatoria no es simetría en términos de responsabilidad. Asunto que seguirá en discusión. La naturaleza de un Estado de derecho que se hace delincuente, que opera a favor de lo privado o por intereses de los privados contra el bien común, no es similar a la naturaleza del que se alza contra ese Estado.
Y si nos referimos a la justicia, ningún temor les asiste a los empresarios ni a sectores de las iglesias, que son de alguna manera intocables, como los parapolíticos. El único proceso penal del que se conoce existen avances es el de cerca de 20 empresarios (entendida la cadena criminal desde el testaferro, el comprador) palmeros comprometidos en despojo en Curvaradó, pero sobre esos otros responsables, ganaderos, bananeros, mineros, en éste caso, y en otros que han ocurrido en el país nada pasa, son los privilegiados por su condición. ¿Si la justicia está hecha a su medida, qué puede estimular a empresarios a ser parte de una justicia transicional? Solamente, y es lo más probable, mantener sus privilegios, pues su capital no podría ser tocado para la reparación de las víctimas; tampoco revelarían los nombres de los militares o paramilitares a los que pagaron, todo para seguir conservando su silencio
Si Gaviria pretende motivar a los empresarios a reconocer con precisión y claridad su responsabilidad en la gestación del paramilitarismo o en la financiación de operaciones militares y policiales, e incluso de inteligencia, para asegurarse a los territorios o controlar y persuadir a sus contradictores, estamos en la dirección de la justicia transicional; de lo contrario, estamos consintiendo un pacto de silencio, en el que eventualmente se usarán a las guerrillas y las enunciaciones de los derechos de las víctimas, como un artificio, para mantener el mismo orden de cosas. Si los militares asumen los valores nacionalistas que les inspiran romperían con ese establecimiento, se acercarían al movimiento de víctimas, pues comprenden la importancia de la verdad para develar a unos otros, que les han puesto a actuar, mientras ellos, ocultan sus responsabilidades, mientras les engañan con un fuero militar, que no será un privilegio si no un estímulo para que la Corte Penal les investigue
La justicia transicional exige verdad plena con transformaciones plenas en el ejercicio de la política y de la economía, lo demás será parte de un nuevo modo de frente nacional, que derivará en otras dinámicas de violencia.