[Foto: Revista Accesos]
[20 Oct 2017]
Ambientalistas están denunciando que la suspensión de las Consultas populares en el país, debido a la falta de recursos, es una estrategia más por parte del gobierno para frenar este mecanismo. De acuerdo con el abogado Rodrigo Negrete, este hecho no solo atentaría contra la Constitución si no que devela los intereses que tiene el gobierno por defender un modelo económico a base de la minería sin importar el impacto social y ambiental de la actividad.
Desde que la Corte Constitucional avaló la posibilidad de que los municipios, los concejos o los habitantes puedan decidir sobre sus propias formas de desarrollo se han realizado 9 consultas populares, en ese sentido lo que destacan los ambientalistas es que se han salvado los recursos hídricos y la estabilidad social y ambiental de esos mismos territorios.
Para Rodrigo Negrete, abogado y ambientalista, la decisión de la Registraduría de suspender las consultas y la revocatoria, es una estrategia para frenar un derecho que está en la ley y en la constitución. Además han desarrollado estrategias como presionar a los alcaldes y gobernadores para que no se de trámite a los procedimientos y los alcaldes no tienen los recursos de ley para gestionar los dineros.
Según el abogado no existe ninguna ley que señale que deben ser los municipios o departamentos los que deban financiar las consultas populares en sus territorios y que debe ser la Registraduría la que financie a las comunidades. “poner a los alcaldes a buscar financiación es un mandato que no está en ninguna ley y no podría hacerlo porque no están facultados para ello”.
A su vez, el abogado manifestó que cuando se fija una fecha para realizar una consulta popular es porque el Registrador ya ha consultado a las entidades correspondientes para garantizar que la misma se lleve a cabo, por ende cancelar la consulta en Granda sería “un ataque del gobierno”. (Le puede interesar: "Registraduría pide suspender consulta popular en Granada, Meta")
¿Cuál será el destino de las Consultas populares?
Negrete afirmó que podrían interponer acciones de tutela contra la Registraduría y el Ministerio de Hacienda, por la violación a los derechos fundamentales de las comunidades e ir a instancias como la Procuraduría y agregó que el Comité de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales emitió un informe en donde insta al gobierno de Colombia a respetar y acatar los mandatos de las consultas populares, razón por la cual esta situación también podría ser llevada a tribunales internacionales. (Le puede interesar: "Comité de la ONU exige respeto a las Consultas Populares")
De igual forma la Diocesis de Granada, a través de un comunicado de prensa señaló que han acompañado el proceso de la comunidad que "lucha por la defensa y salvaguarda de la tierra y el territorio" por tal razón expresó su preocupación por la vulneración que se esta generando por parte de las instituciones de orden nacional, específicamente al ejercicio pleno de los derechos políticos.
Comunicado Diocesis de Granada Consulta Popular by Contagioradio on Scribd