Foto: elpais
[Luis Eduardo Celis, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris]
[24 Ago 2015]
Durante esta fase exploratoria Gobierno - ELN, seis han sido los puntos acordados, relacionados con la transformación social, el tema de las víctimas y las garantías de participación política; sin embargo, hay un séptimo punto sobre el que no se ha llegado a consenso y tiene que ver con el tratamiento de las personas privadas de la libertad en razón de su participación, presunta participación o montaje de participación en el conflicto armado, como integrantes del Ejército de Liberación Nacional.
La mañana de este Lunes, a través de la cuenta en Twitter de Radio Nacional Patria Libre, el comandante del Ejército de Liberación Nacional, se pronunció oficialmente frente a los avances de la fase exploratoria que el grupo guerrillero ha adelantado con el gobierno colombiano desde junio de 2014 y que podrían dar inicio a la mesa de conversaciones Gobierno – ELN.
En dicha entrevista, Bautista afirma que deben ser consecuentes con el acuerdo de confidencialidad a pesar de que el gobierno ha violado el acuerdo y reiteró el respeto a esa confidencialidad pero afirmó que es optimista y se calcula que hay un avance del 85% de la agenda planteada con el gobierno “al terminar eso que falta vendría la fase pública”.
Bautista agrega que todo el ELN está comprometido con la paz de Colombia y reafirmó que el reciente 5to congreso de esa organización ya tiene en marcha las decisiones que se tomaron y que además, en su mayoría, fueron tomadas por consenso.
Luis Eduardo Celis, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, afirma que la posible culminación de esta fase exploratoria y el anuncio de instalación de la mesa de conversaciones, da cuenta del interés del Gobierno y el ELN por construir un proceso de negociación público, como contribución importante para la finalización del conflicto armado en Colombia.
Lo que implicaría pensar estrategias para que las dos mesas de negociación, FARC y ELN, sean compatibles y que no haya la necesidad de un tratamiento diferenciado, en aras de buscar la profundización y refrendación de los contenidos jurídicos que se propongan para la materialización de los acuerdos, en el marco constitucional existente o en uno nuevo.