[Foto: Contagio Radio]
Por: Nicole Jullian
[25 Feb 2017]
Querido Marino López. He decidido escribirte una carta abierta. En pocos días se cumplen 20 años desde que el Estado olvidó garantizar tu derecho a la vida. No sólo te asesinaron brutalmente, sino que partes de tu cuerpo cercenado fueron utilizadas para intimidar a pobladores de la comunidad de Bijao (Chocó) quienes hoy, infortunadamente, cumplen además con el rol de ser testigos oculares de tu deceso. Mucha gente luchó incansablemente durante años para que se hiciera justicia y se esclareciera la verdad. Gracias a la convicción de cada una de estas personas es que hoy sabemos que los hechos que condujeron a tu asesinato se relacionan con una incursión militar a cargo del general (r) del Ejército Rito Alejo del Río. Esta incursión, conocida bajo el nombre de “Operación Génesis”, fue llevada a cabo entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, dizque con la intención de atacar facciones de las FARC-EP asentadas en los caños Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho. Por otro lado, fue alias “el Alemán” quién acogiéndose en febrero de 2007 a la Ley de Justicia y Paz en calidad de excomandante del bloque Élmer Cárdenas confesó que paramilitares pertenecientes a este Bloque iniciaron el 23 de febrero de 1997 una incursión paramilitar en la zona dizque con el fin de avanzar hacia el sur del Urabá chocoano y disputarle territorio a las FARC-EP. Tu brutal asesinato marcó el inicio de las acciones criminales de esta incursión paramilitar conocida también como “Operación Cacarica”.
En 2012 el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá condenó a Rito Alejo del Río a 25 años y 8 meses por tu asesinato. La justicia colombiana asintió que Rito Alejo no es responsable directo de tu asesinato, pero puso énfasis en que en una zona tan militarizada como lo estaba en ese tiempo Bijao y Cacarica es imposible argumentar que el Ejército no hubiese tenido conocimiento de la presencia paramilitar en la zona.
Adicional a esto tu caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte concluyó en diciembre de 2014 “que los actos crueles, inhumanos y degradantes a que fue sometido el señor Marino López Mena en el poblado de Bijao, así como la privación de su vida, cometidos por miembros de grupos paramilitares, son atribuibles al Estado por la aquiescencia o colaboración que prestaron agentes de la fuerza pública para las operaciones de esos grupos, lo cual les facilitó las incursiones a las comunidades del Cacarica y propició o permitió la comisión de este tipo de actos. En consecuencia, el Estado es responsable por haber incumplido sus obligaciones de prevenir y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal del señor Marino López […].”
Marino, el derecho a la vida ocupa un lugar fundamental en la constitución de cualquier Estado, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos. No obstante el Estado colombiano sigue sin poder garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. El programa Somos Defensores informó que durante 2016 el número de defensores y defensoras de DDHH asesinados/as ascendió a 80. En lo que llevamos del 2017 ya suman 20. El último caso corresponde al presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Esmeraldas-Mercaderes (Cauca), Falver Cerón Gómez. El Estado sigue sin poder cumplir con aquellas obligaciones que él mismo asumió. El Art 2 de la constitución colombiana estipula algo muy básico: “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” Ahora esto tiene efecto sólo sobre una parte exclusiva de la población. Esa política de Estado basada en el atropello y la vulneración de derechos fundamentales y en la exclusión de bastos grupos sociales aún no ha podido ser erradicada. Créeme que eso de que Colombia es un Estado de Derecho es una construcción discursiva totalmente inconsistente.
Marino, te cuento que el gobierno y las FARC-EP lograron concluir unas negociaciones de paz bastante arduas donde el resultado más inmediato ha sido reconocer que nadie ganó la guerra, que el gran perdedor fue la población civil y que nos tenemos que conformar con una paz pactada. Las partes negociadoras insisten en que el Acuerdo de Paz está hecho para satisfacer los derechos de las víctimas. En el contexto de esta lógica se estableció reconocer a las víctimas ante todo como ciudadanos y por ende como sujetos de derecho. Pero en vista de lo que te cuento en el párrafo anterior nadie sabe bien qué significa eso.
Marino, en tu país que es tan neoliberal como el mío si un trabajador o una trabajadora incumple con lo estipulado en un contrato laboral, podrá ser despedido/a por incumplimiento de contrato sin derecho a indemnización. Pero cuando miramos hacia el Estado y analizamos las responsabilidades que derivan del incumplimiento del contrato social, los ciudadanos no contamos con una cláusula resolutoria que nos permita exigir una terminación unilateral por incumplimiento. En Colombia estamos ya acostumbrados/as a que las reparaciones económicas derivadas de la responsabilidad estatal respecto a Ejecuciones Extrajudiciales, Crímenes de Estado, Crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de DDHH se paguen con dineros que provienen a su vez del pago de impuestos del mismo grupo social que sufre violencia y represión tanto estatal como paramilitar. Este escenario es inadmisible.
Marino, hoy por primera vez voy hacia tus tierras a encontrarme con tu gente. Te vamos a recordar y te vamos a honrar. Por mi parte no como una víctima, ni tampoco como un ciudadano-sujeto de derechos, sino como un gran líder social con quien me hubiese gustado discutir sobre las verdaderas posibilidades de una paz estable y duradera. Q.E.P.D.