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[18 Feb. 2017]
La Corte Constitucional dio a conocer una decisión en la que falla a favor de las comunidades indígenas del Resguardo Indígena Alto Lorenzo de Puerto Asís y la Asociación del Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo, como respuesta a la tutela interpuesta por las comunidades al conocer de las licencias otorgadas para el inicio de un proyecto petrolero en el territorio donde se encuentra ubicada la comunidad.
La decisión fue tomada gracias a una tutela interpuesta por estas dos comunidades indígenas contra el Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, Ecopetrol S.A., entre otras instituciones, quienes según los indígenas son los responsables de la vulneración de varios derechos como la integridad personal, la consulta previa, la participación y libre determinación de los pueblos indígenas.
La Corte resolvió conceder el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa y al territorio colectivo de estos dos pueblos indígenas, por lo que ordenó al Ministerio del Interior realizar dentro de 15 días hábiles la consulta previa que deberá ser completada en máximo 4 meses.
Así mismo, le ordena a ese ministerio adelantar reuniones con las empresas e instituciones implicadas en el proyecto petrolero, para tomar medidas inmediatas que logren subsanar y compensar lo más pronto posible los daños causados a las comunidades indígenas.
Además ordena a la ANLA verifique las afectaciones que estos proyectos han causado en el territorio, al ambiente y a los recursos naturales, daños que han sido denunciados por los órganos de control y “de estimarlo procedente adopte las medidas preventivas” agrega la sentencia. Le puede interesar: Comunidad indígena en Putumayo dijo NO a actividad petrolera de Amerisur
De igual modo, la Corte insta al Ministerio de Hacienda adelantar estudios técnicos que permitan establecer los impactos ambientales de estos proyectos petroleros en Putumayo.
Por último, ordena que la ANLA y Corpoamazonía remitan informes cada 4 meses al Tribunal Superior de Mocoa, donde dé cuenta de las actividades que se están desarrollando en el territorio, las afectaciones y las medidas de control y prevención que se están tomando. Le puede interesar: Comunidades índigenas y campesinas de Guzman y Caicedo rechazan explotación minera en Putumayo
De esta manera la Corte Constitucional da el aval para que se protejan los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, la integridad personal, la consulta previa, la participación y libre determinación de estos 2 pueblos indígenas, que se verían afectados por la industria del petróleo.
Además, manda un duro mensaje a las instituciones gubernamentales y empresas petroleras para que respeten el entorno de las comunidades que se ven afectadas por la explotación de hidrocarburos, que según la sentencia estaría generando “contaminación ambiental, comprometiéndose el derecho al medio ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el desarrollo sostenible, entre otros”.