Este martes se dio a conocer una denuncia por parte de la Asociación de Campesinos de Ituango señalando que un «fuerte contingente militar» había arribado a las veredas La Filadelfia y El Aro del municipio de Ituango, Antioquia desde el pasado sábado 1° de agosto con órdenes de adelantar operaciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. (Le puede interesar: Esperamos que en Mutatá encontremos la paz: excombatientes de Ituango)
Según el proceso organizativo campesino, en estos operativos «prima el uso y exceso de fuerza por parte de la tropas» lo que ha generado graves consecuencias en la población civil, reportándose cuatro personas heridas y la activación de armas de fuego que presuntamente han sido utilizadas contra la comunidad.
Adicionalmente la Asociación de Campesinos, que pertenece a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC-, expone y rechaza el hecho de que tras casi 4 años desde la firma del Acuerdo de Paz el Estado no haya cumplido con lo dispuesto en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS-
Y es que, pese a que el punto 4 del Acuerdo brindó un carácter prevalente a la sustitución voluntaria de las plantaciones de las que se derivan estupefacientes, relegando la erradicación forzosa a una acción residual que se reserva al Gobierno Nacional únicamente cuando no sea posible, agotadas todas las instancias, avanzar en un acuerdo de sustitución voluntaria.
Las comunidades afirman que contrario al Acuerdo, el Gobierno mediante el uso de la Fuerza Pública ha priorizado la erradicación forzada, pese a la disposición que tienen los campesinos para asumir la sustitución voluntaria siempre que se les brinden garantías de subsistencia, dignidad y seguridad; condiciones que según ellos no son promovidas por el Estado, cuya única presencia en los territorios es la militarización que lleva a la confrontación armada con otros grupos al margen de la ley y a la vulneración de los derechos humanos de los habitantes en los territorios lo que tiene a «Ituango en una encrucijada de pobreza y violencia». (Le puede interesar: Más de 450 familias desplazadas en Ituango por enfrentamientos armados)
La Fuerza Pública no es el único actor institucional que vulnera los derechos de las comunidades en Ituango
A las denuncias contra la Fuerza Pública, se suma la que realiza el Movimiento Ríos Vivos que agrupa a las víctimas y afectados por el desarrollo del Megaproyecto Hidroeléctrico Ituango más conocido como Hidroituango, donde afirman que la Procuraduría Regional de Antioquia se presta para desconocer el derecho de los miembros del colectivo y favorecer los intereses de Empresas Públicas de Medellín -EPM-.
En un comunicado, Ríos Vivos expone que la Procuraduría no está haciendo veeduría al proceso en el que se están ejerciendo presiones con advertencias de suspensión de apoyos económicos en medio de la pandemia a personas que perdieron su vivienda y cláusulas de presión para el pago de indemnizaciones injustas. Las respuestas del Procurador Regional Luis Fernando Bustamante, para atender estos llamados, han sido nulas frente a estos llamados según el Movimiento. (Lea también: Ríos Vivos denuncia intimidaciones por parte de EPM y autoridades de Ituango)