[Foto: Contagio Radio]
[20 Feb 2017]
Autonomía para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tratamiento exclusivo de los casos más graves y representativos por parte del Tribunal para la Paz, obligación de la Fuerza Pública a reparar integralmente a las víctimas y respeto por parte del Estado a las disposiciones del Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario frente a la cadena de mando, fueron algunas sugerencias hechas por expertos a la Jurisdicción Especial.
Para Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, entes como la Fiscalía han obviado que existe un Acuerdo firmado y pretenden re negociar “hasta la última palabra de lo que tiene que ver con justicia” y busca limitar al máximo las competencias de esta Jurisdicción Especial para llevar los casos de guerrilleros a la justicia ordinaria, señala que la Fiscalía “no debería atribuirse estas competencias".
La Jurisdicción Especial debe estar del lado de las víctimas
Las organizaciones resaltaron que quienes deben estar en el centro de los Acuerdos y en general, los beneficiados de la JEP deben ser las víctimas, y señalaron que “los ajustes hechos por otros sectores han beneficiado a las minorías políticas y económicas” y han dejado totalmente fuera a las víctimas. (Le puede interesar: En debate de Jurisdicción Especial para la paz algunos buscan impunidad)
Indicaron que la Unidad de Búsqueda requiere autonomía e independencia frente a las ramas del poder público, “para actuar sin restricciones en la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el conflicto” y en particular en aquellos casos en los que “estén involucrados agentes del Estado”, pues es importante que la UBPD sea percibida por todas las víctimas “como una entidad imparcial en la que puedan confiar”.
Frente a la competencia del Tribunal para la Paz, manifestaron que este debe concentrarse desde un inicio en la “investigación, juzgamiento y sanción de quienes tuvieron una participación determinante en la comisión de los crímenes más graves y representativos”, para así evitar el colapso de la JEP y hacer posible “luchar de mejor manera contra la impunidad y contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas”.
La creación constitucional de la JEP es esencial para lograr un equilibrio entre la garantía de los derechos de las víctimas y los propósitos del proceso de paz, de dejación de armas y reintegración de los excombatientes, por ello insisten en que es necesario que la JEP “brinde cierre jurídico y definitivo al conflicto armado” y eso sólo se logrará con “la autonomía e independencia que tenga frente a otras jurisdicciones”.
Agentes del Estado no pueden evadir sus responsabilidades
Destacan que la comunicación y coordinación entre la JEP, la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena, será fundamental para que sea una realidad la respuesta a las necesidades de las comunidades y la resolución efectiva de conflictos en los territorios. (Le puede interesar: La Jurisdicción especial no puede dejar fuera a las víctimas)
Manifestaron que el buen funcionamiento de la JEP frente a las cadenas de mando, depende de que los juicios “se realicen en el marco de una negociación global de paz y que se respeten los deberes especiales” que los agentes estatales tienen frente a los derechos humanos.
Por último, hacen un llamado al Estado colombiano para que no haga parte de los sectores que “pretenden obstaculizar la justicia para las víctimas” y a la sociedad colombiana para que se comprometa con la veeduría y control de la fase de implementación, y en especial del desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz.