[[Foto: Hijos en Bogotá]]
[12 Mayo 2017]
El juez noveno de garantías recibió la orden de volver a notificar la programación de audiencias en los casos de "falsos positivos" en que fueron asesinados Daniel Alexander Martínez (21 años), Diego Armando Marín Giraldo (21 años) y Jaime Estiven Valencia Sanabria (16 años).
La justicia respondió la acción de tutela por vía de hecho que interpuso la señora María Sanabria, madre del asesinado Jaime Estiven Valencia Sanabria. La tutela abogaba contra la vulneración de los derechos de las víctimas a la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Le puede interesar: "Falsos Positivos no deben pasar por la JEP"
Lo establecido el 05 de mayo de este año, por el juzgado 44 Penal de Conocimiento, dejó en claro que la justicia ordinaria aún tiene competencia en estos casos puesto que la Justicia Especial para la JEP aún no ha sido creada.
El juez noveno Penal de Conocimiento se había negado a realizar audiencias de imputación de cargos contra miembros del ejército argumentando que la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- tendría la competencia.
Las organizaciones de víctimas como MINGA, habían afirmado que “En la legislación vigente no hay ningún ordenamiento que permita suspender los procesos penales contra los miembros de la fuerza pública presuntamente responsables de atrocidades”. (Le puede interesar: Ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad.")
Jurisdicción ordinaria deberá continuar con los procesos por ejecuciones extrajudiciales
Pilar Castillo, de la Asociación MINGA, afirmó que “lo importante de la decisión es que sienta un precedente para que la jurisdicción ordinaria continúe con las investigaciones de Falsos Positivos”. El fallo de tutela le da la razón a las víctimas en la medida que clarifica que en este momento no hay ley alguna que le quite competencia a los jueces de la jurisdicción ordinaria en estos casos. Le puede interesar: "Corte Penal Internacional investigará ejecuciones extrajudiciales en Colombia"
Según Castillo la JEP no ha sido puesta en funcionamiento por lo que de no atender a las víctimas se estaría configurando la falta de acceso a la verdad, la justicia y la reparación. La decisión fue bienvenida por la Asociación de víctimas MINGA pues va a ser posible, en los casos de falsos positivos, que se revisen los hechos que tienen vicios en el procedimiento.