[Foto: Leomolina]

[9 Sept 2016 ]

La degradación ambiental, trae consigo afectaciones a la vida, la soberanía alimentaria, la igualdad, la propiedad individual y colectiva, las condiciones laborales, la vida familiar, la salud física y psicológica, la participación política, y los derechos étnicos. Es decir, hay una relación directa entre los derechos humanos y el ambiente sano, una batalla que decenas de organizaciones ambientalistas han emprendido para defender el territorio colombiano de la profundización del modelo extractivista y a su vez defender a las comunidades vulneradas por algunos proyectos mineros, petroleros y de hidroeléctricas.

Esa estrecha relación entre los derechos ambientales y los derechos humanos, la han vivido en carne propia las comunidades afectadas por la construcción del megaproyecto energético Hidroituango por parte de Empresas Públicas de Medellín EPM. Éste ha traído [consecuencias nefastas para los habitantes de 12 municipios] del área del norte y occidente de Antioquia, a los que la empresa llegó con promesas de bienestar y desarrollo, falsas promesas a las que le ha hecho frente el Movimiento Ríos Vivos de Antioquia, de la mano del liderazgo de Isabel Cristina Zuleta.

Pero no solo en Antioquia las comunidades se han unido para decirle NO a la locomotora mineroenergética. En los últimos años el departamento del Tolima, se destacado por fortalecer sus procesos de resistencia para impedir que la multinacional Anglo Gold Ashanti inicie su proyecto minero La Colosa, pasando por encima de los derechos de la comunidad. Un logro del Comité Ambiental de Ibagué y de Cajamarca, en donde se adelantan[ consultas populares para impedir la actividad minera].

Pero la ola de consultas populares no solo se extiende por el departamento del Tolima,  llega también hasta San Martín Cesar donde los habitantes persisten en [impedir que el fracking llegue a su territorio] para vulnerar su derecho al agua y aun ambiente sano. Esa misma ola de consultas populares baja también hasta el departamento del Caquetá, donde la comunidad liderada por la Mesa de la defensa del territorio, el agua y la vida en el municipio de Paujil, ha tenido que resistir frente a la [represión por parte de la fuerza pública].

Y es que la minería y la actividad petrolera ya ha dejado ver cuáles son los efectos adversos no solo para la naturaleza sino también para las comunidades. En La Guajira el pueblo Wayúu a diario [se debate entre la vida y la muerte] por cuenta de la actividad minera de la empresa Carbones El Cerrejón, que ha acabado con el agua y la soberanía alimentaria de las comunidades, un problema que se ha echado al hombro el colectivo Fuerza Mujeres Wayúu, para llamar la atención del Estado sobre la forma como ese modelo extractivista solo le ha dejado pobreza y hambre a su departamento.

La construcción de la paz en Colombia y a su vez la defensa de los derechos humanos, tiene que ver también con detener las acciones crueles contra la naturaleza y los animales, que a su vez repercuten en los [derechos de seres tan igualmente inocentes como los niños y niñas]. Es por ello que en los últimos años la Plataforma ALTO ha trabajado no solo por el bienestar de los animales, sino también, por los niños, igualmente víctimas como los toros y los caballos en una actividad tan cruel como la tauromaquia es así, como se evidencia que las luchas se unen y una vez existe igualdad frente a animales humanos y no humanos, se empieza a garantizar los derechos de cada ser viviente del planeta, como desde hace 5 años lo viene visibilizando la Plataforma ALTO.

Un primer paso para sensibilizar a la sociedad colombiana frente a la importancia de defender la naturaleza es dándoles a entender que las montañas, los árboles, los animales, los ríos, los humedales y los páramos son esenciales para la vida de cada persona, como bien lo ha demostrado la Asociación Ambiente y Sociedad que ha generado diversas campañas para llamar la atención de los colombianos en torno a la [conservación del ambiente].

La paz necesariamente debe hacerse entre las personas, pero también para los animales y la naturaleza, se trata de un principio de mutualismo, por medio del cual unos necesitan de los otros, para que haya vida digna en la tierra y para ella. Ese es el reto que se avecina para las organizaciones ambientalistas con el posacuerdo, y la forma como realmente se pueda garantizar los derechos humanos y con ello una paz real, una paz estable y duradera.

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