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Por Camilo De Las Casas
26 Nov 2017
Quizás nunca leyeron, nunca escucharon, nunca vieron, o lo desconocieron gracias a sus amores infantiles a una democracia sin democracia. La Jurisdicción Especial de Paz como parte de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Garantías de No Repetición era una arquitectura, creo que la más importante del Acuerdo hacia la Paz entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC EP, para propiciar un cambio sustancial en nuestro espíritu político.
El sistema basado en la verdad, en el reconocimiento de responsabilidad que derivaba en medidas restaurativas de los perpetradores con sus afectados, reconociendo los derechos de las partes y por ende su dignidad era inédito y transformante en lo estructural. La JEP pretendía enfrentar la impunidad rompiendo esa cultura carcelaria que considera que los barrotes aleccionan y restauran el daño causado. Así, sin libertad del responsable, los afectados volvían al orden de felicidad destruido. ¡Falsedad de falsedades!. Ni felicidad ni restauración. El sistema penitenciario es un mecanismo del abismo entre afectados y perpetradores, es excluyente, es estigmatizante y negador de verdades profundas. Es un sistema clasista en lo físico y lo normativo. Los poderosos del Establecimiento sobre el conjunto de la sociedad disfuncional con su perverso desorden, aseguran los valores definiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, los buenos y los malos, los villanos y los héroes. La reproducción de la misma dinámica de exclusión social de la sociedad y del Estado están allí presentes. La cárcel reproduce el sistema estructural de una democracia sin democracia.
La justicia ordinaria nunca fue capaz de llevar tras esos hierros de aislamiento a los responsables de crímenes de lesa humanidad ni de crímenes de guerra, particularmente, agentes de Estado y civiles poderosos con mucho poder. A los pocos en los que en debido proceso se logró llevar a sentencias gozan de los sistemas penitenciarios de fueros. Y qué son los fueros, otra expresión de las distinciones y diferencia de clases. Las comodidades y privilegios son para unos, por ejemplo lo militares y políticos con nombres de castas medias. Y, obviamente exentos, la totalidad de los empresarios comprometidos en esos crímenes de lesa humanidad que viven en los lugares más exclusivos de las capitales, y los políticos con apellidos “nobles”. Estas condiciones están lejos de ser las mismas para los rebeldes procesados y sentenciados, tanto, como los miles de los 120 mil privados de la libertad por delitos sociales.
Han estropeado la JEP, el Fiscal General de la Nación, la Corte Constitucional, el Congreso, y desde 2015 el gobierno de Santos. Era un compromiso de Estado y lo han incumplido. Desde septiembre de 2015, luego que Santos asumió que la JEP podría tener competencia sobre exmandatarios en crímenes contra la humanidad firmando el cierre del Acuerdo sobre víctimas en La Habana, semanas después se hecho hacia atrás, el argumento era de Humberto De La Calle, el Acuerdo firmado sobre JEP conocido públicamente era un borrador.
Luego con los resultados del plebiscito, un juego innecesario de Santos para vengarse de Uribe, él podría haberse asumido como jefe de Estado y por el derecho a la Paz asumir el Acuerdo firmado. Bajo su perspectiva de esa democracia del miedo, asumió que el NO, era Uribe y Pastrana, así asumió ajustes, modificaciones y reparos que no fueron suficientes para los que querían desde siempre hacer trizas el Acuerdo. Santos un presidente que dejó de ser jefe de Estado para convertirse simplemente en jefe de gobierno permitió el desmembramiento del sentido de fondo de la JEP desde hace mucho tiempo, aún con las mayorías en la Corte Constitucional.Una razón de fondo el temor a la verdad, el miedo a la democracia real.
El fallo de la Corte Constitucional conocido en dos comunicados de prensa es su reflejo. El primer comunicado un acto fallido corregido dos días después con una fe de erratas, luego de una reunión en que el gobierno reconoció que tenía mayorías en esa Corte, fue la respuesta a las críticas y reacciones de organizaciones de diverso tipo, entre ellas de víctimas, logrando moderar o precisar algunos asuntos. Sin embargo, lo sustancial es que la Corte, deslegitimó el carácter de la JEP imposibilitando la rendición de cuentas de todos y de todo. Se protegió a lo de civiles, a aquellos comprometidos en planificar, ordenar crímenes contra el derecho internacional, ya estaban protegidos los exmandatarios, y también aseguró inmunidad en esa instancia a militares de alto rango. Habrá que esperar que sale de la Sentencia real. Aquí no había cacería de brujas, ni tampoco se habilitaba la JEP para ese efecto como lo hicieron ver los propios aliados de Santos y su ex Vicepresidente, su candidato sucesor. Se trataba de un intento de cerrar el circuito de impunidad pero se requería voluntad, y de eso lamentablemente carece el Establecimiento. Los poderosos políticos están pactando la impunidad para unos, el frente nacional de la mentira que les asegura el silencio de unos militares y empresarios, y de todos ellos en su conjunto. Afloró eso sí, que los políticos prefieren proteger a los empresarios comprometidos en crímenes de guerra y sacrificar a los militares.
Se concertó el Frente Nacional para la mentira y la impunidad. Cambio Radical jugó un papel protagónico. Cotrino, Senador, y Lara, Representante en la Cámara, con sus reparos a la JEP, lograron con los congresistas liberales, conservadores, de la U, a cambio de la impunidad en ella de sectores empresariales, y de los propios de Cambio Radical, así como del propio círculo de Uribe y de Santos, el respaldo de muchos de esos actores económicos a la candidatura de Vargas Lleras y su familia, comprometida ésta en negocios irregulares. En un escenario político de puja con el uribismo por los votos de la cultura ciudadana ciegamente autoritaria o sumida en la conciencia del efectivismo superficial, Vargas tomó la delantera.
La posibilidad de cimentar una sociedad hacia la paz se basaba en el reconocimiento de todas las verdades y la inclusión de esas verdades en nuestra realidad presente para desmoronar una cultura ciudadana esclava en sus supuestas libertades de la mentira y del miedo. No era por eso despreciable que las FARC EP asumieran la dejación de las armas para hacer política sin ellas en medio de la Pax Neoliberal, abriendo con su decisión un poder conciente en el que se iría construyendo el desarrollo de la inclusión social, política, económica, y ambiental, negada a la mayoría.
La cultura santanderista, clasista, la soberbia política despótica y calculada de los que temen a la verdad están haciendo naufragar lo que era esperanza para restaurar un proceso armónico y de equilibrio con la JEP, una democracia con democracia. La Pax Neoliberal del Establecimiento además de indolente se hizo una Pax Neoliberal Rastrera, PNR, absolutamente perversa e indolente.
El desafío que se abre es inmenso ante esta oportunidad cercenada. Nada está perdido. Han perdido ellos, ese Establecimiento. La arquitectura restauradora basada en la verdad está ahí como horizonte ético y de construcción de un nuevo tipo de derecho que rompa esa perversa consecución de la cárcel como venganza. La construcción de lo nuevo está más allá del derecho, más allá de los partidos políticos y de las Cortes que están naufragando por el miedo a la verdad y la lealtad a esa cultura santaderista y excluyente. Un tiempo de nuevas oportunidad se está abriendo.Urge reconocerlo mirando más allá de la zanahoria que constituyó la inhabilidad de los defensores como Magistrados de la JEP e ir a la creación sustentada de los casos que desmoronen la exclusión de responsabilidad por cadena de mando y de los mal llamados “terceros”. ¡Bienvenidos!