[Foto: Mauricio Alvarado Colprensa]
[29 Sep 2017]
Ante las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, quien aseguró que las FARC no han cumplido respecto a los compromisos en el tema de drogas, y que por ende, permanecerán en la lista de organizaciones terroristas. El Consejo Político Nacional FARC respondió que "si Estados Unidos quiere ayudar a la consolidación de la paz, no puede quedarse en el pasado con un discurso sin fundamento".
En ese sentido, señalan que la lucha antidrogas no solo compete a las FARC y al gobierno, sino que a toda la comunidad internacional, y es así como EE.UU "en lugar de chantajear o amenazar a Colombia con la descertificación, debiera mostrar resultados en la persecución al blanqueo de dinero -que es el alma del narcotráfico-, frenar el flujo hacia la periferia pobre de los precursores químicos, y ayudar a Colombia con recursos para que formalice, distribuya y titule tierras a los campesinos, asegurando la financiación de los planes alternativos de sustitución consensuados con las comunidades rurales", señala la carta.
Justamente, respecto al tema de los pobladores, exigen que Estados Unidos y las autoridades, dejen de confundir a los campesinos pobres de Tumaco con FARC, y niegan que estén incentivando los cultivos de uso ilícito. De hecho, expresan que "Hasta con el Presidente hemos estado en las zonas cocaleras invitando a las comunidades a la sustitución".
Incumplimientos del gobierno
En la carta dirigida al embajador aprovechan para exigir que el gobierno nacional cumpla con el acuerdo, ya que no se puede poner en marcha los programas de sustitución sin aprobar ley de tratamientos penales alternativos para cultivadores, que debe ir acompañada de una Reforma Rural Integral que implique proyectos productivos para las comunidades.
"Afirmaciones como las del embajador Whitaker merecen nuestro rechazo, las consideramos tendenciosas y con evidentes propósitos de reposicionar la fracasada política de interdicción y aspersión aérea". Finalmente consideran que se trata de una pretensión de la Embajada de los Estados Unidos y de la Fiscalía de ponerlos por fuera del acuerdo, demandar la acción penal y habilitar condiciones para la extradición y afectarlos como alternativa política, concluye la carta.