[Foto: Archivo Particular]
[04 Mar 2017]
Pese a que la protesta es un derecho fundamental para exigir la garantía de los demás derechos, en Latinoamérica los gobiernos siguen respondiendo de forma violenta a estas manifestaciones, criminalizando a militantes y activistas, aprobando políticas que buscan limitar o restringir este derecho y continúan sin referirse a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el informe, “Los Estados Latinoaméricanos frente a la protesta social”, realizado por diferentes organizaciones en el continente, el análisis y seguimiento de manifestaciones en 8 países (Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Chile, México y Venezuela), evidenció que el uso de la fuerza y la criminalización de la protesta son las herramientas predominantes en la resolución de conflictos, sin subsanar las problemáticas de fondo.
Leyes para restringir o limitar la protesta
De acuerdo con el informe, en Latinoamérica se han multiplicado las leyes, proyectos de ley, reglamentos e interpretaciones judiciales que pretenden regular, reprimir o limitar el derecho a la protesta, con características como imponer más restricciones burocráticas, imponer y aumentar las sanciones penales a conductas en protestas y exigir la obligatoriedad del aviso previo para hacer la movilización.
Colombia ha hecho uso de estas medidas a través de las modificaciones al nuevo Código de Policía, reglamenta el aviso previo a la movilización, hora de inicio, ruta por donde transitará y responsables de la protesta, además tipifico como delito en el 2011 la obstaculización de calles. Le puede interesar: "Ya son 24 las demandas al Código de Policía"
En otros países como México, las protestas no pueden ser espontáneas y deben tener previo aviso, en Perú hay algunos espacios en donde es prohibido que se realicen manifestaciones o plantones cerca de edificios públicos o en zonas centrales. En Uruguay está prohibido protestar o tener reuniones de más de 50 personas, en frente del Palacio de Gobierno.
De igual forma, hay países que han tomado medidas mucho más radicales autorizando el uso de la Fuerza Armada para controlar las protestas o movilizaciones. En el caso de Brasil, la constitución de este país autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en la garantía del orden público, pero no aclara las situaciones en que esta debería ser utilizada.
El informe señala que en los países analizados, la intervención de las Fuerzas Armadas se da en su gran mayoría en las movilizaciones o protestas rurales, las periferias o asentamientos informales, aumentando el riesgo de la violación a los derechos humanos por las pocas garantías que ya hay en estos territorios. Le puede interesar: "6 campesinos heridos en manifestaciones contra erradicación forzada"
Latinoamérica y la criminalización de la Protesta
Otra de las medidas que han usado algunos países para controlar las protestas es la creación de leyes antiterroristas, que al ser tan amplias e indefinidas permiten cualquier tipo de imputación de cargos y dan paso a la criminalización de los conflictos, Brasil imputo cargos por terrorismo contra 4 integrantes del Movimiento Sin Tierras, en el año 2015.
En Chile la ley antiterrorista no se adecua a los estándares de derechos humanos, por lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que esta ley vulnera la garantía al debido derecho procesal y se rige a partir de prejuicios raciales y estereotipos para acusar a las personas.
En Brasil, tras las multitudinarias movilizaciones del 2013, se aumentaron las penas por incendios, daños al patrimonio público y agresiones físicas cuando las víctimas sean policías, sin embargo durante la aprobación de este proyecto de ley, no se tuvieron en cuenta las evidencias del funcionamiento arbitrario e ilegal del poder Judicial. Le puede interesar:"Protestas contra golpe de estado en Brasil, paralizan vías en 7 estados"
De igual modo, hay otras herramientas que los países han venido desarrollando para la criminalización de la protesta, uno de ellos tiene que ver con la interceptación y vigilancia de las comunicaciones de organizaciones y movimientos sociales, que se pueden registrar antes de la movilización o durante la misma, otorgándole permisos a la fuerza pública para grabar a las personas que asisten a las movilizaciones.
En Colombia, este tipo de grabaciones, por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ya es permitido y puede usarse como prueba a la hora de imputar cargos.
Y …¿Quién responde por la impunidad?
Todas las leyes promulgadas para controlar las movilizaciones o reprimirlas también han generado una amplitud para las facultades de las Fuerzas Policiales que a su vez, dan paso a un marco de impunidad y violaciones a los derechos humanos de quienes protestan, sin que exista una respuesta estatal y judicial de control a los excesos de fuerza de estas fuerzas policiales.
El informe indicó que hay dos problemáticas en las que los órganos de control demuestran serias deficiencias en Latinoamérica: la demora en las investigaciones a militares o policías y el avance insuficiente de la atribución de responsabilidades penales. Le puede interesar: "Organizaciones sociales exigen justicia para todos en implementación de JEP"
A su vez el documento exponen 3 masacres en donde se ha demostrado la actuación y responsabilidad de la Fuerza Pública, sin que existan algún avance en la investigación o imputación de cargos a policías o agentes estatales, mientras que del otro lado se ha investigado y juzgado a civiles, las masacres son: Masacre de Bagua, Perú, en el año 2009, Parque Indoamericano, Argentina, en el año 2010 y la Masacre de Curuguaty, Paraguay, en el año 2012.
Para el caso de Colombia, organizaciones defensoras de derechos humanos, han demostrado que hay un 99% de impunidad en crímenes cometidos por agentes estatales, al igual que retrasos y demoras en las investigaciones, sin que existan responsables por los daños, lesiones o muertes de civiles en protestas.
La protesta es un derecho
Finalmente el texto afirmó que al ser la protesta un derecho fundamental los gobiernos latinoamericanos deben trabajar en la creación de políticas públicas que permiten solucionar la problemática de fondo, al igual que conformar esquemas de seguridad en la protesta que garanticen su ejercicio y no por el contrario la represión.
Otro hecho en el que el Estado debe brindar garantías es en el avance de las investigaciones e imputación de responsabilidades a los abusos de fuerza ya denunciado por las comunidades, e incluso replantear el ejercicio de la reacción violenta y represiva al interior de las mismas fuerzas públicas.