Abilio Peña- @abiliopena
6 Mar 2016
El presidente Santos sancionó en el Casanare la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES). No pudo escoger lugar más desafiante para hacerlo. En la Altillanura empresas nacionales y extranjeras vieron en estas extensas tierras de Colombia la posibilidad de asegurar inversión de muy largo plazo acumulando miles de hectáreas de tierras, provocando como reacción que congresistas, académicos y sectores agrarios denunciaran los atajos que utilizaron para hacerse con esas áreas, entre ellas la adquisición de tierras de origen baldío que no podían superar la extensión establecida por la ley 160 de 1994 de las Unidades Agrícolas Familiares. Este escándalo le costó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia la renuncia justo por encargarse con su firma de abogados de legalizar lo ilegal mediante trampas como las de crear empresas ficticias a las que se le adjudicaban fracciones de las fincas que resultaron ser para una misma compañía..
De ese tamaño la tozudez del presidente Santos, quien parecía decirle a quienes buscan justicia en los casos de acaparamiento de tierra que en “camino largo hay desquite” y que éste llegó con la ley Zidres que sancionó el 3 de febrero. Efectivamente la Zidres, llamada por los críticos “Ley Urrutia” está hecha a la medida de los acaparadores de tierras: en zonas alejadas, donde no hay suficiente infraestructura, donde las tierras para ser productivas necesitan de una alta inversión, donde quienes invierten tienen que demostrar gran capacidad económica. Pero lo que mas aterra es que puede legalizar las adquisiciones que empresas como Cargill, Riopaila Castilla y Poligrow ya habían hecho, burlando la ley.
[El descaro es tan increíble que para disipar las dudas es preciso citar textualmente el párrafo primero, artículo trece:]
[“Las personas que se encuentren ocupando predios baldíos y que, a la fecha de la declaratoria de las ZIDRES, no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 160 de 1994, para ser beneficiarios de la titulación de los predios ocupados, podrán vincularse a los proyectos productivos que tengan el carácter de asociativos o celebrar contratos de derecho real de superficie, que permitan el uso, goce y disposición de la superficie de los predios rurales que ocupen”. La titularidad de las tierras ocupadas ilegalmente por los acaparadores, pueden volver al Estado pero este las devuelve en una típica operación de lavado, en forma de contrato de derecho de superficie.]
El lobby de las empresas que pretenden salvar su inversión fue intenso como trascendió en diversos medios. Gremios como Fedepalma, de cuya junta directiva hace parte Carlo Vigna Taglianti de Poligrow (http://web.fedepalma.org/junta-directiva-fedepalma) y la Sac se destacaron en sus insistencia al gobierno. Ya meses atrás Poligrow reclamaba a los cuatro vientos “seguridad jurídica para la inversión” (http://web.fedepalma.org/visita-fedepalma-poligrow) sin hacer caso a las graves denuncias que pesan sobre ellos por estafas, falsedad ideológica en documentos públicos y hasta concierto para delinquir.
[En lo ambiental es enorme la irresponsabilidad del gobierno al sancionar esta ley. La Altillanura no tiene agua para soportar los monocultivos y las consecuencias se seguirán sintiendo en la sed de los suelos, de los animales, de las mujeres y hombres. Lo que se ve venir es la instalación de zonas francas, sistemas de riego, desvío de fuentes de agua para dar vida a los millares de plantas ajenas al medio. En reciente audiencia en el Congreso de la república, la Comisión de Justicia y Paz reveló que Poligrow consume diariamente 1.700.000 litros de agua y paga menos de un millón de pesos al año en una área que se está quedando sin el líquido por la acción irresponsable de esta compañía.]
Pero ahí no se detiene el despropósito de la ley. Tierras de comunidades negras son susceptibles de ocupación empresarial. Así lo consigna el artículo veintinueve, parágrafo uno: “Los consejos comunitarios y/o autoridades reconocidas legalmente como representantes de las zonas de reserva campesina y territorios colectivos titulados podrán bajo expresa solicitud, avalada por el Ministerio del Interior, solicitar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ser incluidos dentro de los procesos de producción establecidos para las ZIDRES.” En el caso de Curvaradó, por ejemplo, es el Ministerio del Interior el que dirige el proceso de elección de representante legal del territorio excluyendo del derecho a elegir y ser elegido a las mayorías afromestizas que permanecen en los territorios y que se oponen a los sectores empresariales implicados en el desplazamiento y despojo de tierras del que han sido víctimas. Todo está dado para que se imponga un representante legal a fin a los acaparadores y para que el Ministerio del Interior avale modelos agroindustriales como los que se esbozan en la ley Zidres.
[Ojalá la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por decenas de organizaciones y un grupo de parlamentarios surta su efecto para parar este adefesio .]