[Foto: Ojo al Sancocho]
[20 Abril 2016 ]
Recientemente en distintas regiones del país [han vuelto a circular panfletos] en los que con nombres propios y adjetivos denigrantes, [Águilas Negras] y [Autodefensas Gaitanistas], amenazan de muerte a hombres y mujeres, anunciando la llegada de la mal llamada 'limpieza social'; fenómeno que se expandido en 356 municipios de Colombia desde los años 60, gracias al profundo silencio estatal, a la legitimidad social y a la falta de tipificación jurídica, según refiere Carlos Mario Perea, historiador integrante del IEPRI.
Perea asegura que no es acertado llamar 'limpieza social' al "fenómeno de homicidios sistemáticos contra identidades socialmente estigmatizadas" que se ha afincado en las principales ciudades de Colombia, entre ellas Bogotá, Cali, Pereira y Barranquilla, como un "ejercicio de poder para regular la convivencia a través de la muerte", porque termina legitimándose; para el historiador y diversas organizaciones de derechos humanos, se trata de "exterminio o aniquilamiento social".
Pese a que en el marco de esta "práctica horripilante, que quiebra los fundamentos del Estado social de derecho", han sido asesinadas por lo menos 5000 personas desde los años 80, y según afirma Perea, el único debate que ha habido en el Congreso se dio en 1987, a mediados de los 90 se publicaron dos libros sobre el tema y desde entonces, tanto el Estado como la academia no han vuelto a hablar del asunto que se ha convertido en un "fenómeno de la vida cotidiana de muchos barrios populares".
El mayor número de casos de 'exterminio social' en Bogotá, se han presentado en Ciudad Bolívar, localidad que fue analizada por el historiador, para la concreción del [más reciente informe del CNMH],en el que se establece que los grupos de exterminio han cometido el 77% de los asesinatos, los paramilitares el 18% y la guerrilla el 3%; contando con el apoyo y tolerancia de juntas de acción comunales, comerciantes y miembros de la Policía.
La mal llamada 'limpieza social' "no es una expresión más del conflicto armado", afirma Perea e insiste en que hay que comprenderla en la especificidad que demarca la urbanidad, teniendo en cuenta que el impacto de la confrontación armada "ha impedido que se vean otros escenarios y otras violencias" como las que suceden en el día a día de las ciudades y que demuestran la "degradación de la guerra en Colombia".
La pregunta entonces es qué va a suceder con la violencia urbana en un eventual escenario de posconflicto, expresa el historiador, porque sí de un lado en los barrios hay un sector que legítima el exterminio social, del otro hay organizaciones y personas que trabajan para que cese la 'limpieza social' y no siga operando en "total impunidad".
El historiador concluye asegurando que este fenómeno debe llegar a ser un problema de debate público y preocupación estatal, pues tanto la legitimidad como el silencio han permitido su consolidación y propagación, por lo que extiende el llamado para que se cree una política pública que permita enfrentarlo, pues sólo la sanción pública, estatal y judicial llevará a que la gente comprenda que esta práctica horripilante no puede seguirse cometiendo.